La reciente caída de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia en México que pone en tela de juicio la capacidad del país para garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol 2026, especialmente en Guadalajara, una de las sedes designadas. A pesar de la desactivación del código rojo en Jalisco por parte del gobernador Pablo Lemus, buscando normalizar las actividades económicas y sociales, persisten serias dudas sobre la estabilidad del país y su preparación para recibir a equipos y aficionados internacionales.
La postura oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum busca disipar estas preocupaciones, pero el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde Colombia, no ha logrado calmar completamente los ánimos. Infantino ha expresado su “confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades”, asegurando que “todo va a pasar de la mejor manera posible”. Sin embargo, esta declaración llega en un momento de incertidumbre, tras la amenaza de la Federación Portuguesa de Fútbol de reconsiderar su participación en un amistoso previsto en marzo en la Ciudad de México, evidenciando la creciente preocupación en el ámbito deportivo internacional.
La situación se complica aún más con las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien se atribuye el mérito de la caída de “El Mencho”, aunque con imprecisiones en la cronología de los hechos. Esta intervención externa añade una capa de complejidad geopolítica al asunto, sugiriendo una posible injerencia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México.
El operativo que resultó en la muerte de “El Mencho” también cobró la vida de Rubén Guerrero Valadez, figura cercana al líder del CJNG y conocido como “El Tío Lako”, lo que ha intensificado la respuesta violenta del cartel. La escalada de violencia ha afectado a más de una veintena de estados, con un saldo de 74 muertos, 252 bloqueos en carreteras y ataques a comercios e instalaciones estratégicas.
Ante este panorama, empresas como Honda han suspendido temporalmente sus operaciones en Guadalajara por precaución, lo que demuestra el impacto económico de la inseguridad en la región. La reapertura gradual de las actividades en las zonas afectadas, anunciada por el Gabinete de Seguridad, es un paso en la dirección correcta, pero no garantiza la recuperación total de la normalidad.
La presidenta Sheinbaum ha anunciado que su equipo legal está evaluando la posibilidad de emprender acciones legales contra Elon Musk por vincularla con el narcotráfico, lo que refleja la tensión política y la polarización en torno a la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, el secretario de Seguridad de Acapulco, Eduardo Arturo Bailleres, ha admitido que “nunca se puede garantizar la seguridad”, pero ha asegurado que las autoridades están tomando medidas para “garantizar las acciones” que propicien la armonía y la paz.
El despliegue de elementos de la Marina en Puerto Vallarta y el envío de 2.500 soldados adicionales a Jalisco son medidas que buscan reforzar la seguridad en las zonas más afectadas, pero la efectividad de estas acciones a largo plazo es incierta. La fuga de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, durante la ola de violencia, agrava aún más la situación y pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema penitenciario mexicano.
La comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos en México. La Federación Portuguesa de Fútbol ha expresado su preocupación por la “delicada situación” en el país y ha puesto en duda su participación en el partido amistoso contra la selección mexicana, lo que podría sentar un precedente negativo para otros equipos que tengan previsto disputar partidos en territorio mexicano durante el Mundial.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, ha llegado a pedir la cancelación de los vuelos de estadounidenses a México durante las vacaciones de primavera, lo que refleja la creciente desconfianza en la capacidad del país para garantizar la seguridad de los turistas.
A pesar de las dificultades, el gobierno mexicano insiste en que cuenta con “todas las garantías” para acoger el Mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y exige una respuesta integral y coordinada para hacer frente a la violencia y garantizar la seguridad de los participantes y aficionados del torneo. La confianza de la FIFA y de la comunidad internacional dependerá de la capacidad de México para superar esta crisis y demostrar que es un país seguro y confiable para albergar un evento de la magnitud del Mundial. La reapertura gradual de actividades industriales y comerciales, así como el retorno a clases presenciales, son señales positivas, pero no suficientes para disipar las dudas y garantizar el éxito del torneo. La situación sigue siendo volátil y requiere una evaluación continua y una adaptación constante de las medidas de seguridad para evitar que la violencia amenace el sueño de un Mundial exitoso en México.
