El Municipio de Quito enfrenta un ajuste presupuestario de más de $400 millones tras la reciente aprobación de una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La ley, que busca la sostenibilidad y eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), establece nuevos criterios para la asignación de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, generando controversia y preocupación en la administración municipal.
La reforma introduce cambios significativos en la distribución de las transferencias de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial. El artículo 192 ahora determina que los GAD recibirán el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Sin embargo, esta asignación está condicionada al cumplimiento de la “regla de asignación mínima”, que exige que al menos el 70% del presupuesto anual de egresos no financieros se destine a gasto de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y bienes públicos. El 30% restante podrá ser utilizado para gasto corriente.
Esta nueva regulación ha encendido las alarmas en el Municipio de Quito, ya que implica la eliminación de lo que el gobierno local considera “gastos discrecionales”, como eventos artísticos, culturales, recreativos y de entretenimiento que no contribuyan directamente a la dinamización de la economía. Durante una exposición en el Concejo Metropolitano, la administración municipal detalló que proyectos y servicios clave podrían verse afectados, incluyendo el Parque Bicentenario, la solución vial de Rumihúrco, la expansión de Quitopía La Y, la construcción de tres nuevas “Quito Wawas” en Atucucho, Pisulí y Solanda, programas de becas y fondos rurales.
El presupuesto actual de la administración central del Municipio de Quito asciende a $1.042 millones, distribuidos en $430 millones para gasto corriente y $612 millones para inversión. Según las proyecciones presentadas, aproximadamente $406 millones de inversión podrían ser considerados no prioritarios bajo los nuevos criterios establecidos por la ley. El alcalde Pabel Muñoz ha calificado la reforma como “ciega e inadecuada”, argumentando que obligará a recortar $459 millones del presupuesto, afectando áreas esenciales como cultura, educación, inclusión y salud.
Muñoz criticó la injerencia del gobierno central en la autonomía municipal, señalando que la ley ahora define unilateralmente lo que es prioritario y lo que no lo es. Además, resaltó que ocho de cada diez empleados municipales tienen responsabilidades esenciales y competencias exclusivas del gobierno central, y que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) necesita más personal debido a la reciente emisión de nuevas ordenanzas. El alcalde también mencionó el subsistema educativo de Quito, que comprende 20 unidades educativas y 1.400 profesores, como un ejemplo de la complejidad y las necesidades específicas de la ciudad.
Ante esta situación, el concejal Adrián Ibarra propuso solicitar a la Procuraduría Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito que inicie acciones legales ante la Corte Constitucional (CC), incluyendo la solicitud de medidas cautelares. La moción fue aprobada con quince votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sin embargo, la gestión municipal también ha sido objeto de críticas. El concejal Michael Aulestia cuestionó la administración local, recordando que en 2025 se dejaron de destinar $180 millones a inversión y que la compra de trolebuses resultó en un perjuicio de $2,5 millones. Estas acusaciones generaron tensiones durante la sesión del Concejo Metropolitano.
El alcalde Muñoz también denunció una deuda del gobierno central con el cabildo quiteño por $59,9 millones, y precisó que se han cobrado $291 millones en bonos. En respuesta, anunció que se plantearán una acción de protección y una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma presupuestaria.
La situación financiera del Municipio de Quito se complica aún más por la necesidad de cumplir con las nuevas exigencias de la ley, que prioriza la inversión en infraestructura y el mantenimiento de bienes públicos. La administración municipal se enfrenta al desafío de reajustar su presupuesto sin comprometer la prestación de servicios esenciales y el desarrollo de proyectos importantes para la ciudad. La controversia en torno a la reforma presupuestaria ha generado un debate sobre la autonomía municipal y la distribución de recursos entre el gobierno central y los gobiernos locales, y se espera que la Corte Constitucional juegue un papel crucial en la resolución de este conflicto. El futuro de varios proyectos emblemáticos de Quito pende de un hilo, mientras la administración municipal busca alternativas para mitigar el impacto de los recortes presupuestarios y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
