La Corte Suprema ratificó este lunes el desafuero del ex diputado de la UDI, Joaquín Lavín León, confirmando la decisión previamente tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta resolución, aunque llega en la recta final de su mandato parlamentario –que concluye en marzo–, expone al ex legislador a la formalización de cargos por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento mercantil. La confirmación del desafuero significa la pérdida de la inmunidad parlamentaria de Lavín, permitiendo a la Fiscalía Metropolitana Oriente avanzar con la investigación y, potencialmente, presentar una acusación formal.
La investigación en curso se centra en una serie de presuntas irregularidades ocurridas en el municipio de Maipú, donde Lavín se desempeñó como alcalde durante varios períodos. Las acusaciones apuntan a la posible comisión de actos de corrupción, incluyendo la rendición de boletas ideológicamente falsas –es decir, gastos que no corresponden a la realidad– y la utilización indebida de fondos públicos. Un elemento central de la investigación es la creación de un software de gestión de trabajo territorial y de base de datos, cuyo financiamiento, según la Fiscalía, provino de recursos del Congreso Nacional, lo que podría constituir un delito de apropiación indebida.
La confirmación del desafuero por parte de la Corte Suprema no fue recibida con la misma perspectiva por todas las partes involucradas. Si bien la Fiscalía ve en esta decisión un avance significativo en la investigación, la defensa de Lavín León, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, ha intentado minimizar el impacto del fallo. Bonacic calificó la resolución como “muy favorable” en ciertos aspectos, destacando la exclusión de una de las imputaciones iniciales: el delito tributario. Según el abogado, esta acusación fue introducida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de manera tardía y sin fundamentos sólidos.
“El delito tributario, que fue algo que Servicio de Impuestos Internos sacó ‘entre gallos y medianoche’ en el último minuto”, afirmó Bonacic, sugiriendo que la Fiscalía buscaba ampliar artificialmente el alcance de la investigación. La defensa argumentó que la solicitud de desafuero era “absolutamente tardía”, ya que Lavín dejará su cargo en marzo, lo que habría permitido a la Fiscalía continuar la investigación sin necesidad de recurrir a esta instancia.
“Por lo tanto, el Ministerio Público perfectamente bien podía haber prescindido de esta instancia y haber seguido la investigación a partir de marzo. El hecho fue ganancioso para nosotros, porque efectivamente privó al Ministerio Público de poder imputar el delito tributario, algo que fue sacado a último minuto”, explicó Bonacic. Sin embargo, a pesar de este punto ganado por la defensa, la confirmación del desafuero implica que Lavín León ya no cuenta con la protección de la inmunidad parlamentaria, lo que lo hace vulnerable a ser formalizado por la Fiscalía.
La formalización de cargos podría llevar a la imposición de medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, la arresto domiciliario o incluso la prisión preventiva, dependiendo de la gravedad de las acusaciones y la evaluación del riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación. La Fiscalía deberá ahora presentar pruebas suficientes para convencer a un juez de que existen indicios razonables para creer que Lavín León cometió los delitos que se le imputan.
El caso Lavín León ha generado una considerable atención mediática y política, debido a la trayectoria del ex diputado y a la naturaleza de las acusaciones en su contra. La UDI, partido al que perteneció Lavín, ha mantenido una postura cautelosa, evitando emitir juicios de valor hasta que se conozcan los resultados de la investigación. Sin embargo, la confirmación del desafuero ha generado críticas por parte de la oposición, que ha exigido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las presuntas irregularidades.
La confirmación del desafuero de Joaquín Lavín León marca un punto de inflexión en la investigación por corrupción en el municipio de Maipú. La Fiscalía ahora tiene vía libre para avanzar con la formalización de cargos y buscar la eventual condena del ex diputado. El caso podría tener importantes implicaciones políticas y judiciales, y podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en Chile. La opinión pública estará atenta al desarrollo de los acontecimientos y a la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. La defensa de Lavín León, por su parte, se prepara para enfrentar las acusaciones y defender la inocencia de su cliente. El desenlace de este caso aún es incierto, pero la confirmación del desafuero ha abierto un nuevo capítulo en la investigación y ha puesto a Joaquín Lavín León en una posición vulnerable ante la justicia. La transparencia y la celeridad en el proceso serán cruciales para garantizar la confianza en el sistema judicial y en la lucha contra la corrupción.
