El Gobierno cubano ha anunciado una significativa expansión de los beneficios fiscales para fomentar la adopción de fuentes renovables de energía (FRE), en una medida que busca impulsar la transición energética del país y aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional. La Resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 30 del 19 de febrero de 2026, detalla una serie de exenciones y bonificaciones diseñadas para hacer más accesible la inversión en tecnologías limpias tanto para empresas como para ciudadanos particulares.
La normativa, que actualiza y consolida políticas previas implementadas en mayo de 2025, representa un compromiso firme del gobierno con el desarrollo de un sector energético más sostenible y diversificado. La resolución deroga la Resolución 169 de 2025, buscando así evitar la dispersión legislativa y simplificar el marco regulatorio para las inversiones en FRE.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva resolución es la extensión de los beneficios fiscales a las personas naturales que realicen actividades económicas. Estas ahora podrán disfrutar de la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales por la instalación de sistemas de FRE, ya sea para autoconsumo o para la venta de energía al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La exención se aplicará sobre el valor total de la inversión y tendrá una duración de hasta ocho años, lo que representa un incentivo considerable para que los ciudadanos inviertan en paneles solares, pequeños aerogeneradores u otras tecnologías renovables.
Además de esta nueva medida, la resolución ratifica una serie de beneficios fiscales ya existentes, que incluyen la exención del Impuesto Aduanero para la importación de sistemas solares fotovoltaicos, sus partes y piezas fundamentales, tanto para personas naturales como jurídicas. También se mantienen las exenciones arancelarias para la importación sin carácter comercial de calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con FRE y equipos destinados al procesamiento de biomasa para la producción de energía.
Para facilitar el acceso a estos beneficios, la Aduana General de la República (AGR) adoptará medidas para garantizar que las mercancías relacionadas con las FRE se declaren de forma separada del resto de los productos importados, lo que permitirá aplicar las exenciones de forma automática y generalizada.
Las empresas también se beneficiarán de la nueva resolución, con exenciones del Impuesto Aduanero para la importación de materias primas, componentes, partes, piezas, equipos y accesorios destinados a la ejecución de procesos inversionistas o a la fabricación de equipos relacionados con las FRE. El sector estatal y las formas de gestión no estatal que ejecuten proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables también podrán importar maquinarias y equipos sin pagar el Impuesto Aduanero.
Asimismo, las empresas que importen materias primas para la elevación de la eficiencia energética podrán ser bonificadas o exoneradas del pago del Impuesto Aduanero, previa solicitud y justificación económica al Ministerio de Finanzas y Precios. La comercialización de tecnologías y sistemas vinculados a las FRE a precios no recaudatorios también está contemplada como un beneficio fiscal.
Las personas jurídicas que instalen fuentes renovables de energía para su autoconsumo o para la venta de energía al SEN también podrán disfrutar de la exención del Impuesto sobre Utilidades en la cuantía de la inversión, durante el período de recuperación de la misma y por un plazo de hasta ocho años.
Para acceder a estos beneficios, tanto las personas naturales como jurídicas deberán cumplir con una serie de requisitos, entre los que destaca la obtención del Dictamen Energético de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE), que avala que el sistema instalado funciona correctamente y cumple con las normas y requisitos técnicos exigidos. También deberán presentar una solicitud ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que fijará la fecha de comienzo del beneficio en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la recepción de la solicitud y el Dictamen Energético.
La ONURE se encargará de fiscalizar la implementación de los proyectos avalados y podrá cancelar el beneficio fiscal en caso de que se detecte que el proyecto no se está llevando a cabo según lo previsto.
La implementación de esta resolución representa un paso importante en la estrategia del gobierno cubano para diversificar la matriz energética del país, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover el desarrollo sostenible. Se espera que los beneficios fiscales anunciados impulsen la inversión en FRE, generen empleo y contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Expertos en el sector energético han acogido con satisfacción la nueva resolución, destacando su potencial para transformar el panorama energético cubano. Sin embargo, también señalan la importancia de garantizar la transparencia y la eficiencia en la implementación de los beneficios fiscales, así como la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de la ONURE para fiscalizar la implementación de los proyectos.
La resolución 41 del Ministerio de Finanzas y Precios es un claro indicio del compromiso del gobierno cubano con la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible. La medida, sin duda, tendrá un impacto significativo en el desarrollo económico y social del país, al tiempo que contribuye a la protección del medio ambiente. El éxito de esta iniciativa dependerá de la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, así como de la capacidad de superar los desafíos técnicos y regulatorios que puedan surgir en el camino.
