La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha emitido un informe demoledor que acusa a Israel de llevar a cabo acciones que “suscitan preocupación” por la posible “limpieza étnica” en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. El documento, que cubre el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, detalla una serie de ataques, destrucción sistemática y denegación de asistencia humanitaria que, según la ONU, parecen diseñados para provocar el desplazamiento permanente de la población palestina.
El informe, divulgado este jueves por la cadena alemana DW, se basa en un exhaustivo seguimiento de la situación sobre el terreno, complementado con información proveniente de fuentes gubernamentales, otras agencias de la ONU y diversas organizaciones no gubernamentales. A pesar de las repetidas solicitudes de acceso total a Israel y a los territorios ocupados para llevar a cabo una investigación independiente, la Oficina de Derechos Humanos lamenta no haber recibido respuesta alguna, e incluso denuncia que Israel continúa denegando visados a su personal internacional.
La gravedad de las acusaciones radica en la descripción de una intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros y la obstrucción sistemática de la ayuda humanitaria, todo ello apuntando a un cambio demográfico permanente en la Franja de Gaza. El informe señala que, junto con los traslados forzosos que parecen tener como objetivo un desplazamiento permanente, estas acciones generan una profunda preocupación por la posibilidad de que se estén cometiendo actos de limpieza étnica tanto en Gaza como en Cisjordania.
Los datos presentados en el informe son escalofriantes. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, se registraron 1,993 ataques contra edificios residenciales en la Franja de Gaza, dejando a miles de personas sin hogar y exacerbando la ya precaria situación humanitaria. Además, se documentaron 642 ataques contra tiendas de campaña improvisadas, donde palestinos desplazados intentan sobrevivir en condiciones inhumanas. La ONU también contabilizó 121 órdenes de desplazamiento dirigidas a la población gazatí, evidenciando la presión sistemática para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares.
El informe no se limita a enumerar los ataques; también denuncia la “militarización de la asistencia humanitaria” por parte de Israel, que condujo a “asesinatos ilegítimos generalizados”. Se contabilizaron 2,435 palestinos asesinados mientras intentaban acceder a alimentos, en un contexto donde la distribución de ayuda estaba controlada por la Fundación Humanitaria para Gaza, una entidad privada con el respaldo de Israel y Estados Unidos. La ONU describe una situación en la que los palestinos se enfrentaban a una “inhumana elección: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentaban conseguir comida”.
La situación de hambruna y desnutrición que se registró el año pasado en ciertas zonas de la Franja de Gaza es descrita en el informe como el “resultado directo de las acciones llevadas a cabo por el régimen israelí”. La ONU subraya que la denegación sistemática de acceso a alimentos y otros bienes esenciales constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Además de la crisis humanitaria, el informe destaca el “impacto ambiental sin precedentes” de los ataques israelíes, incluyendo la contaminación del suelo, el agua y el aire. Esta degradación ambiental, según la ONU, contribuye a hacer de Gaza un lugar cada vez más inhabitable para los palestinos, reforzando las sospechas de que las acciones israelíes buscan provocar cambios demográficos permanentes.
El informe de la ONU llega en un momento de gran tensión en la región, con un alto el fuego precario en vigor desde el 10 de noviembre de 2025. Sin embargo, la Oficina de Derechos Humanos advierte que la situación sigue siendo extremadamente frágil y que existe un riesgo real de que la violencia se reanude. La falta de cooperación por parte de Israel, que se niega a permitir el acceso de investigadores de la ONU y a responder a sus preguntas, dificulta aún más la posibilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las acusaciones de crímenes de guerra y limpieza étnica.
La comunidad internacional se enfrenta ahora a la difícil tarea de responder a este informe demoledor. La ONU insta a Israel a permitir el acceso sin restricciones a sus investigadores, a cooperar plenamente con las investigaciones en curso y a poner fin a las acciones que, según el informe, podrían constituir crímenes de guerra y limpieza étnica. La credibilidad del derecho internacional y la protección de los derechos humanos de los palestinos dependen de una respuesta firme y contundente por parte de la comunidad internacional. El silencio o la inacción ante estas graves acusaciones serían interpretados como una complicidad tácita con las políticas que, según la ONU, están llevando a Gaza y Cisjordania al borde del abismo. La situación exige una revisión urgente de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, así como un compromiso renovado con la búsqueda de una solución justa y duradera al conflicto.
