Repsol continúa reduciendo su exposición patrimonial en Venezuela, situándola en 276 millones de euros a cierre de 2025, una disminución significativa respecto a los 330 millones de euros de mediados del año pasado y los 504 millones de euros de finales de 2024, según revela su informe financiero anual. Este recorte se produce en un contexto de alta incertidumbre política y económica en el país caribeño, a pesar de la reciente autorización de Estados Unidos para reanudar operaciones e inversiones en el sector de hidrocarburos. La compañía española se muestra cautelosa y realiza evaluaciones exhaustivas de la recuperabilidad de sus inversiones, reconociendo un deterioro contable de 568 millones de euros en el ejercicio.
La reciente concesión de licencias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente las licencias 49 y 50 emitidas el 13 de febrero, ha abierto una ventana de oportunidad para las empresas petroleras, incluyendo Repsol, para retomar actividades en Venezuela. Sin embargo, la petrolera advierte que estas licencias, al ser nuevas y no una simple reactivación de las anteriores, no han alterado las hipótesis utilizadas para evaluar la viabilidad de sus activos en el país. La autorización estadounidense permite la negociación y firma de contratos contingentes para nuevas inversiones, pero su ejecución está sujeta a una autorización separada de la OFAC.
La exposición actual de Repsol en Venezuela se compone principalmente de cuentas a cobrar con la estatal PDVSA, financiación otorgada a Petroquiriquire y la inversión en los proyectos Cardón IV y Petroquiriquire. A pesar de la reducción de la exposición patrimonial, la compañía mantiene una deuda pendiente de cobro total de 3.603 millones de euros con PDVSA, incluyendo intereses de mora, con provisiones que ascienden a 3.019 millones de euros. Adicionalmente, existen 947 millones de euros en financiación otorgada, con provisiones de 568 millones de euros.
Repsol subraya la complejidad de evaluar sus inversiones en Venezuela, debido a la necesidad de utilizar hipótesis y asunciones que implican juicios y estimaciones relevantes, y que están sujetas a una elevada incertidumbre. Estas hipótesis incluyen los planes de desarrollo de los activos, el cumplimiento de los acuerdos firmados y la evolución del entorno político y económico. La compañía aplica tres escenarios de severidad (moderado, significativo y severo) para calcular la pérdida esperada, ponderando los flujos de efectivo previstos por su probabilidad estimada.
La evaluación del deterioro por riesgo de crédito en Venezuela ha requerido estimaciones sobre las implicaciones de un entorno de alta incertidumbre, lo que ha llevado a Repsol a contratar a un experto independiente para validar los juicios de la dirección. Como resultado de la actualización de la valoración de sus inversiones y del perfil de riesgo de crédito de PDVSA, Repsol ha reconocido un deterioro de las cuentas comerciales por cobrar y de la financiación otorgada por un importe total de 116 millones de euros. Además, se ha registrado una pérdida de 452 millones de euros como parte del resultado de inversiones contabilizadas por el método de la participación, desglosándose en 415 millones de euros por cuentas comerciales y 37 millones de euros por deterioro de inmovilizado material.
A pesar de las dificultades y los deterioros contables, la producción neta media de Repsol en Venezuela ha experimentado un ligero aumento en 2025, alcanzando los 71.300 barriles equivalentes de petróleo por día, en comparación con los 67.000 barriles diarios de 2024. La compañía ha estado presente en Venezuela desde 1993, operando a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV y Quiriquire Gas) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y Petrocarabobo).
Repsol se mantiene atenta a la evolución política e institucional de Venezuela, manteniendo contacto directo con las administraciones estadounidense y venezolana. El objetivo es adecuar el alcance de sus actividades autorizadas en el país, contribuyendo al desarrollo energético y respetando plenamente la normativa internacional de sanciones aplicable. Sin embargo, la compañía enfatiza que la implementación de las nuevas licencias requiere el sometimiento de los contratos a la ley estadounidense y la negociación de términos relevantes con el gobierno de Venezuela y/o PDVSA, en el marco de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con un plazo de hasta 180 días para la adecuación de los modelos contractuales.
La cautela de Repsol refleja la complejidad del entorno venezolano y los riesgos asociados a la inversión en el país. A pesar de la apertura que representan las nuevas licencias estadounidenses, la compañía mantiene una postura prudente y se centra en la gestión de sus activos existentes y en la evaluación de las oportunidades futuras, siempre con un enfoque en la mitigación de riesgos y el cumplimiento de las regulaciones internacionales. La reducción de la exposición patrimonial y el reconocimiento de deterioros contables son una muestra de la estrategia de la empresa para proteger sus intereses en un contexto de alta incertidumbre. La compañía espera que la negociación de los nuevos términos contractuales y la evolución del entorno político y económico permitan una mayor claridad sobre el futuro de sus inversiones en Venezuela.
