La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, ha minimizado las acusaciones vertidas por Julio Scherer Ibarra en su reciente libro, “Ni venganza ni perdón”, calificándolas de insuficientes para justificar una investigación formal. La postura oficial, expresada en conferencia de prensa, exige pruebas concretas y denuncias formales en lugar de basarse en “narrativas” o “dichos”. Buenrostro enfatizó que su dependencia sí actúa ante quejas respaldadas por elementos probatorios, pero que iniciar investigaciones “de oficio” sin una base sólida es inviable debido a la limitación de recursos.
“Que presente las denuncias porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación. No tiene elementos”, declaró la secretaria, reiterando que la dependencia a su cargo da seguimiento a denuncias que llegan a través de diversos canales, incluyendo la prensa, siempre y cuando se aporten datos relevantes como nombres, oficios y lugares. Sin embargo, la falta de información concreta dificulta la actuación de la Secretaría.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, se limitó a instar a Scherer Ibarra a presentar su denuncia ante las autoridades competentes, siguiendo la línea de que cualquier persona con pruebas tiene el derecho y la obligación de denunciar. Esta respuesta ha sido criticada por la oposición, que la percibe como una falta de seriedad ante acusaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno saliente.
Las acusaciones más graves provienen del libro de Scherer Ibarra, quien señala presuntas conductas criminales y prácticas irregulares durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Particularmente, las revelaciones han puesto en el centro de la atención a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la Presidencia, a quien se acusa de desviar más de dos mil 800 millones de pesos del erario hacia empresas de su propiedad para financiar propaganda gubernamental y campañas de desprestigio contra opositores.
La senadora priista Claudia Anaya ha exigido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Ramírez Cuevas con base en las revelaciones del libro. Anaya denunció que Ramírez Cuevas habría operado con una “tranquilidad y una calma” alarmantes para cometer presuntos delitos, y que las empresas vinculadas a él recibieron contratos millonarios con fines propagandísticos. La senadora argumentó que el dinero de los contribuyentes mexicanos se está utilizando para financiar las campañas de imagen del gobierno y para atacar a la oposición en redes sociales.
“En eso se están gastando nuestros impuestos. El dinero que con tanto esfuerzo las mexicanas y los mexicanos pagamos con nuestro IVA, con nuestro ISR, se va a las empresas de Jesús Ramírez para que esté impulsando sus campañas de regeneración o los bots que contrata en Twitter para golpetear opositores”, afirmó Anaya.
Además de las acusaciones de desvío de recursos, Anaya también señaló que Ramírez Cuevas habría impulsado un decreto para cooptar políticamente a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo que podría generar una carga adicional al erario público por hasta 27 mil millones de pesos. La senadora denunció un contexto de impunidad que, según su opinión, es avalado desde la cúpula del poder.
La respuesta de la Presidenta Sheinbaum, al minimizar las acusaciones y sugerir que no hay nada que perseguir, ha sido duramente criticada por Anaya, quien la acusó de falta de respeto hacia los ciudadanos que la llevaron al poder. La senadora priista aseguró que ya existen expedientes susceptibles de ser judicializados sobre el presunto “huachicol fiscal” y exigió una acción inmediata por parte de las autoridades.
“En vez de que la Presidenta diga ‘a ver, que los investiguen a todos’… Ella dice que no hay nada qué perseguir, que todo estaba tranquilo y campante en Morena”, lamentó Anaya.
La controversia generada por las revelaciones de Scherer Ibarra y las acusaciones de la senadora Anaya ha reabierto el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La postura de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al exigir pruebas concretas y denuncias formales, ha sido interpretada por la oposición como un intento de proteger a los funcionarios acusados y de minimizar la gravedad de las acusaciones.
La FGR, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial sobre si iniciará una investigación en relación con las acusaciones de corrupción. La presión de la oposición y la opinión pública podrían obligar a la Fiscalía a actuar, pero la falta de una respuesta clara hasta ahora alimenta las sospechas de un posible encubrimiento.
El caso plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y sobre la voluntad política del gobierno para investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en presuntos actos ilícitos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sana, y la forma en que se maneje este caso podría tener un impacto significativo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La ciudadanía espera que se investiguen a fondo las acusaciones y que se haga justicia, independientemente de la posición o el afiliación política de los involucrados.
