La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una ambiciosa reforma constitucional que busca poner fin a las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza del gobierno federal, una medida que, según sus declaraciones, permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos para fortalecer los Programas del Bienestar. La iniciativa, presentada en conferencia de prensa, propone limitar las pensiones de estos exservidores públicos a un máximo del 50% de la remuneración que percibe actualmente el titular del Ejecutivo federal, con excepción de aquellas pensiones que se encuentren amparadas por las condiciones generales de trabajo.
Esta reforma, que será enviada al Senado para su discusión y aprobación, representa un golpe directo a los privilegios históricos que han permitido a algunos exfuncionarios disfrutar de ingresos mensuales que superan ampliamente el salario de la propia presidenta, y en muchos casos, el promedio de pensiones de la población mexicana. La propuesta no afectará a los trabajadores con contratos colectivos, cuyas condiciones laborales y pensiones son resultado de negociaciones históricas, sino específicamente a los altos mandos y funcionarios de confianza que, a juicio del gobierno, han sido beneficiarios de un sistema injusto y derrochador.
Raquel Buenrostro, secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, fue contundente al exponer la magnitud de las irregularidades detectadas en el sistema de pensiones. Reveló que existen pensiones “exorbitantes” que superan incluso los ingresos de la Presidenta, que ascienden a 134 mil pesos mensuales. Para poner en perspectiva esta situación, Buenrostro contrastó estas cifras con el promedio de pensiones en México, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2024, es de apenas 7 mil 92 pesos mensuales. En instituciones como el ISSSTE e IMSS, las pensiones promedio rondan los 6 mil 600 y 8 mil 400 pesos, respectivamente.
La secretaria Anticorrupción señaló que los pensionados de Petróleos Mexicanos (Pemex) reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional, una disparidad alarmante que evidencia la falta de equidad y transparencia en el sistema. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se detectaron 8 mil 157 casos en los que las pensiones superan la cantidad máxima que ofrece el IMSS, que es de 89 mil 685 pesos. “Todas estas paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno”, aseveró Buenrostro, subrayando la necesidad urgente de una reforma que ponga orden en este sistema.
La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que la iniciativa no busca afectar los derechos adquiridos de los pensionados, sino establecer un límite para las pensiones futuras de los funcionarios de confianza. “Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”, explicó. La intención, según la mandataria, es evitar que los recursos públicos sigan siendo utilizados para financiar pensiones excesivas, y destinarlos en su lugar a programas sociales que beneficien a la población más vulnerable.
Esthela Damián, consejera jurídica de Presidencia, defendió la reforma argumentando que se sustenta en los principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera. Explicó que la medida busca garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que se priorice el bienestar de la mayoría de la población. La reforma, según Damián, es un paso importante hacia la construcción de un gobierno más justo y equitativo, que ponga fin a los privilegios y la corrupción.
La iniciativa de reforma constitucional ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y social. Algunos sectores han aplaudido la medida como un acto de justicia y transparencia, mientras que otros han expresado preocupación por la posible afectación de los derechos de los trabajadores y la incertidumbre que podría generar en el sistema de pensiones. Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum Pardo se mantiene firme en su decisión de llevar adelante la reforma, argumentando que es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el bienestar de la población.
La discusión en el Senado se prevé intensa, ya que la reforma podría enfrentar resistencia por parte de algunos grupos políticos y legisladores que defienden los intereses de los funcionarios de confianza. No obstante, el gobierno confía en contar con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas para lograr la aprobación de la reforma y poner fin a las pensiones millonarias que han sido objeto de críticas y controversias durante años. La aprobación de esta reforma marcaría un hito en la política de austeridad y transparencia del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y enviaría un mensaje claro a la sociedad sobre su compromiso con la lucha contra los privilegios y la corrupción. La expectativa es que, una vez aprobada, la reforma contribuya a liberar recursos significativos que puedan ser destinados a fortalecer los programas sociales y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
