El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha sido condenado a cadena perpetua por insurrección y abuso de poder, marcando un hito en la historia democrática de Corea del Sur y generando una profunda polarización en el país. La sentencia, dictada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl este jueves, lo sitúa en la misma categoría que el dictador Chun Doo-hwan, condenado por delitos similares en 1996, y representa un duro golpe para la estabilidad política de la nación, un aliado clave de Estados Unidos en la región.
El veredicto se centra en las acciones de Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre de 2024, cuando sorprendió al mundo al decretar la ley marcial en directo por televisión. El tribunal determinó que, si bien la declaración inicial de la ley marcial no constituye automáticamente un delito de insurrección, su aplicación efectiva, que incluyó el intento de impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional (el Parlamento), sí lo es. El juez Ji Gwi-yeon explicó que las acciones posteriores a la declaración, como el despliegue de tropas y el intento de controlar el Parlamento, fueron actos de alteración violenta del ordenamiento legal.
La sentencia establece que Yoon y su entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, actuaron con el propósito deliberado de paralizar la Asamblea Nacional y perturbar el orden constitucional. Las imágenes de la noche del 3 de diciembre, que muestran la entrada forzada de soldados en el Parlamento, fueron cruciales para la condena. Kim Yong-hyun ha sido sentenciado a 30 años de cárcel.
Además de Yoon y Kim, otros altos cargos implicados en el operativo han recibido sentencias significativas. Roh Sang-won, excomandante de inteligencia, ha sido condenado a 18 años de cárcel; Cho Ji-ho, antiguo jefe de la Policía Nacional, a 12 años; Kim Bong-sik, exjefe de la Policía Metropolitana de Seúl, a diez años, y Mok Hyun-tae, ex responsable de seguridad policial de la Asamblea Nacional, a tres años de prisión.
El delito de insurrección, definido en el Código Penal surcoreano como el intento de derrocar los órganos del Estado o impedir su funcionamiento, es uno de los más graves del ordenamiento jurídico del país, castigado con la pena de muerte, aunque existe una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997. Este caso marca la segunda vez en casi tres décadas que un exjefe del Estado es condenado por este delito, recordando a la sociedad surcoreana los episodios más traumáticos de su transición democrática.
El tribunal también ha dado por probado que Yoon ordenó la detención de figuras políticas clave, incluyendo al entonces líder de la oposición y actual presidente del país, Lee Jae-myung, con el objetivo de neutralizar a la oposición y paralizar el funcionamiento del poder legislativo.
La sentencia ha provocado una fuerte polarización en el país, con partidarios y detractores de Yoon concentrados en las inmediaciones del tribunal. Cerca de un millar de agentes de policía fueron desplegados para evitar enfrentamientos. Yoon Suk-yeol se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, a la espera del juicio.
La Fiscalía argumentó que Yoon cruzó una línea roja al declarar la ley marcial sin una justificación válida, movilizando fuerzas militares y policiales para bloquear la actividad parlamentaria. Yoon, por su parte, defendió su decisión argumentando que la oposición, con mayoría parlamentaria, estaba paralizando al Gobierno y actuando como una fuerza “antiestatal” con simpatías hacia Corea del Norte.
La acusación, sin embargo, insistió en que la decisión de Yoon no solo paralizó el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino que “destruyó el orden constitucional liberal democrático”, solicitando la pena capital. Yoon fue suspendido de sus funciones por la Asamblea en diciembre de 2024 y formalmente destituido por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.
El magistrado Ji ha afirmado que la acusación de la Fiscalía estaba “justificada” y respaldada por pruebas, rechazando los argumentos de la defensa de Yoon, que alegaba que parte de las evidencias fueron obtenidas de manera ilegal. El tribunal confirmó que tanto la Fiscalía como la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) actuaron dentro de sus atribuciones.
La ley marcial, que apenas estuvo vigente durante seis horas, fue revocada gracias a la rápida reacción de los diputados, que lograron reunirse en una votación extraordinaria mientras agentes movilizados por Yoon intentaban acceder al hemiciclo. Miles de ciudadanos salieron a las calles a manifestarse contra la decisión presidencial, ejerciendo una presión política y social que obligó a Yoon a retirar la medida.
Este incidente, el primero desde 1980 en que se impuso la ley marcial en Corea del Sur, ha revivido la memoria colectiva del pasado autoritario del país. Las imágenes de diputados forcejeando con soldados y de manifestantes en las calles de Seúl dieron la vuelta al mundo, desencadenando una crisis institucional sin precedentes en décadas.
Kim Ji-Soo, miembro del Partido Democrático y una de las miles de personas que se movilizaron para proteger el Parlamento aquella noche, declaró a EL PAÍS: “Esta sentencia es una victoria para la democracia coreana”. Inspirada por el Levantamiento Democrático de Gwangju de 1980, Kim se plantó ante la sede de la Asamblea Nacional, a pesar de los riesgos, para defender el sistema democrático.
Lee Geon-woo, un estudiante de Lingüística y exmilitar, expresó su opinión sobre las sentencias, considerándolas “excesivamente favorables y comprensivas”. Lee, que participó en las manifestaciones, cree que la lucha para defender el sistema constitucional ha valido la pena, garantizando la protección de los ciudadanos frente a la “falibilidad” de quienes están en el poder.
Yoon Suk-yeol enfrenta aún siete juicios pendientes, cinco de ellos relacionados con la imposición de la ley marcial. También está acusado de abuso de poder, falso testimonio y “beneficiar a un Estado enemigo”, a raíz del presunto envío de drones a Corea del Norte con el objetivo de avivar la tensión entre los dos países en 2024. El futuro político de Yoon Suk-yeol, otrora un fiscal general prometedor, parece ahora sellado, mientras Corea del Sur se enfrenta al desafío de sanar las heridas de una crisis institucional que ha puesto a prueba los cimientos de su democracia.
