La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado ha presentado a la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta de reforma constitucional que busca reconfigurar el panorama político y electoral de México. El documento de 21 páginas, obtenido por Latinus, plantea cambios significativos en la composición del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el Congreso de la Unión y el financiamiento de los partidos políticos, generando un debate sobre la posible erosión de la autonomía electoral y la necesidad de una gestión más austera de los recursos públicos.
El INE, piedra angular de la organización electoral en México, se vería reducido en su número de consejeros. La propuesta contempla disminuir de 11 a ocho el número de consejeros electorales, manteniendo el principio de paridad de género. Estos consejeros, elegidos por un periodo de nueve años sin posibilidad de reelección, continuarían contando con la participación de representantes de partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo, aunque sin derecho a voto. La transición hacia esta nueva estructura se realizaría gradualmente: hasta el 26 de julio de 2029, el Consejo General del INE mantendría sus 11 miembros, para luego reducirse a nueve. La propuesta enfatiza la necesidad de que el INE opere con “racionalidad presupuestaria y austeridad republicana”, un llamado a la eficiencia en el manejo de los recursos.
En cuanto a los OPLE, la reforma propone una integración de un máximo de cinco personas designadas por el Senado, con una mayoría calificada de dos tercios. Estos consejeros locales ejercerían su cargo por un periodo de siete años. El proceso de designación incluiría la conformación de un Comité Técnico de Evaluación integrado por cinco personas de prestigio, tres nombradas por los senadores y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En caso de que el Senado no logre un acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiría la responsabilidad de realizar la designación, asegurando la representación de género. La entrada en vigor de esta nueva estructura en los OPLE está prevista para el 1 de septiembre de 2027, dejando a las entidades federativas la tarea de adaptar su legislación a la nueva normativa.
El Congreso de la Unión también se vería afectado por la reforma. Se propone un aumento de 500 a 508 diputados, adoptando un “sistema mixto” para su elección. La asignación de las 200 curules de representación proporcional sufriría una modificación en su fórmula. 300 diputados serían elegidos por mayoría relativa, uno por cada distrito electoral, mientras que los 200 restantes serían elegidos por la vía plurinominal. Este último grupo se dividiría en 100 elegidos por el sistema de mayor porcentaje de votación individual que no obtuvo mayoría, con listas decrecientes de mujeres y hombres integradas por cada partido, y 100 asignados a la diáspora mexicana.
La representación de la diáspora mexicana se fortalecería con la elección de ocho diputados de representación proporcional a través de listas cerradas no bloqueadas, sin candidaturas independientes. Cada partido presentaría listas integradas por dos columnas, una con cuatro mujeres y otra con cuatro hombres, ambos con residencia de más de tres años fuera del país. Los electores podrían emitir una sola preferencia en cada columna, y la prelación en la lista se determinaría por el número de preferencias individuales. La asignación de las diputaciones por representación proporcional se realizaría de acuerdo al porcentaje de votación nacional obtenido por cada partido político.
En cuanto al Senado, la reforma propone la eliminación de 32 senadores por la vía plurinominal, reduciendo el número total de escaños a 96. Se elegirían 64 senadores bajo el principio de mayoría relativa, dos por cada entidad federativa, con fórmulas de candidaturas integradas por un hombre y una mujer, priorizando la participación femenina en al menos la mitad de las entidades.
El financiamiento de los partidos políticos también se vería afectado. La propuesta contempla una reducción del 25% en la bolsa de financiamiento anual para actividades ordinarias, utilizando una nueva fórmula basada en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el número de personas en el padrón electoral. Durante las campañas electorales, el monto se incrementaría al 50% del financiamiento ordinario. Además, se abre la posibilidad de modificar la distribución del financiamiento ordinario, aumentando el porcentaje asignado de manera igualitaria a los partidos pequeños, pasando del 30% actual al 40%.
En relación con las candidaturas independientes, se establece que los recursos públicos asignados solo podrán destinarse a las campañas electorales. Las personas candidatas independientes podrán recibir aportaciones privadas, siempre y cuando provengan de personas físicas mexicanas. Se reduce significativamente el límite de aportación, pasando de 3.3 millones de pesos al año a 850 UMAS al año, equivalente a 99 mil 713 pesos.
La propuesta, hasta el momento, cuenta con el apoyo de Morena, el partido en el poder, y se prevé que la iniciativa sea enviada a la próxima semana. Sin embargo, la reforma ha generado controversia y críticas por parte de la oposición, quienes la consideran un intento de debilitar la autonomía de los órganos electorales y concentrar el poder en el Ejecutivo. El debate sobre esta reforma constitucional promete ser intenso y polarizado, con implicaciones significativas para el futuro de la democracia en México. La discusión se centrará en el equilibrio entre la necesidad de una gestión más austera de los recursos públicos y la preservación de la integridad y la independencia de las instituciones electorales.
