La provincia Germán Busch, y en particular el municipio de Puerto Suárez, aguardan con una mezcla de esperanza y escepticismo el posible “reencauzamiento” del proyecto del Complejo Siderúrgico del Mutún, la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo. Tras más de cuatro décadas de promesas incumplidas, la respuesta escrita de la contratista china Sinosteel a los requerimientos de la nueva administración de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ha encendido una tenue llama de optimismo, aunque las cicatrices del pasado son profundas.
La megaobra, financiada con $us 530 millones del Eximbank chino, fue inaugurada en febrero de 2025 por el entonces presidente Luis Arce Catacora, pero rápidamente paralizada tras una producción de prueba que evidenció graves fallas en su construcción. A pesar de la recepción oficial de la planta por parte de la ESM y el pago total de la obra en 2025, la nueva administración estatal identificó más de 300 observaciones pendientes, poniendo en tela de juicio la calidad y operatividad del proyecto.
Álvaro Tejerina, presidente interino de la ESM, confirmó a EL DEBER que se envió una carta notariada a Sinosteel, planteando dos escenarios: la resolución del contrato o su renegociación bajo la modalidad “llave en mano”. Esta última opción implicaría que la empresa china entregue una planta plenamente operativa, restituya las boletas de garantía, devuelva los $us 18 millones cobrados por adelantado y anule los seis contratos modificatorios que se firmaron durante la ejecución del proyecto.
La respuesta de Sinosteel, recibida el 11 de febrero, consta de 300 fojas y, según el análisis del equipo legal de la ESM, abre la posibilidad de un reencauzamiento. “El fiscal general (de ESM) evidencia e informa que el contrato puede ser reencauzado”, explicó Tejerina. La propuesta de la ESM es establecer un cronograma de seis meses para la corrección de todas las observaciones, la conclusión de las obras civiles y la complementación del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP).
Si Sinosteel cumple con este cronograma, la ESM prevé iniciar una prueba de funcionamiento de la planta por tres días continuos. Posteriormente, se dedicarían seis meses adicionales a subsanar las observaciones restantes entre la recepción provisional y definitiva, lo que permitiría iniciar el año de producción y capacitación del personal boliviano.
El presidente Rodrigo Paz ha sido enfático en su instrucción: la planta siderúrgica debe funcionar, “con o sin chinos”. Considera que el proyecto es una deuda histórica con los cruceños y bolivianos, y se están explorando todas las vías legales para lograrlo.
Sin embargo, las deficiencias en la construcción son evidentes. Ricardo Márquez, fiscal de la ESM, señaló que una de las principales observaciones es la falta de un dique de colas para el almacenamiento de los relaves generados por la planta, lo que contraviene la Ley de Medio Ambiente 1333 y podría causar graves daños al ecosistema.
Una visita de EL DEBER a las instalaciones reveló un panorama desolador: cargamentos de adoquines sin desempaquetar, estructuras metálicas cubiertas de maleza, telarañas en los ambientes y óxido corroyendo piezas clave como los crisoles. Un pequeño grupo de obreros realiza trabajos de movimiento de tierras y pavimentación, mientras que un centenar de trabajadores chinos, contratados por Sinosteel, permanecen inactivos en espera del almuerzo o el fin de la jornada.
La situación contrasta con el edificio administrativo de la ESM, un moderno edificio de estilo neoclásico que alberga a funcionarios, en su mayoría provenientes de la anterior gestión, dedicados a tareas administrativas.
Márquez lamentó que la obra haya sido pagada en su totalidad a pesar de estar inconclusa, estimando que actualmente se encuentra en un 90% de ejecución y montaje. Según sus cálculos, la ESM y el Estado boliviano han dejado de percibir alrededor de $us 100 millones en ventas potenciales de acero, considerando que las proyecciones iniciales apuntaban a una producción máxima de 200.000 toneladas anuales entre barras corrugadas y alambrón a mediados de 2025.
Además, persisten dificultades relacionadas con el uso de materiales radiactivos en la planta de Reducción Directa (DRI), considerada el corazón tecnológico del complejo, cuya puesta en marcha estaba prevista para marzo de 2025.
La población de Puerto Suárez expresa su frustración y desesperanza. Ronald Arias, presidente del Comité Cívico, lamentó que el proyecto haya sido tratado como una “cuna de oro” para mantenerlo inactivo. Su principal expectativa es la generación de empleo para la región, lo que evitaría la migración de profesionales a otras ciudades. “Por el momento, de los 600 millones de dólares que se invirtieron en la planta, no ha quedado ni un impacto económico para el pueblo”, agregó.
Antonio Tudela, presidente de la provincia Germán Busch, criticó la falta de continuidad en la gestión de la ESM, señalando que ha habido un presidente titular y once interinos. Propuso convocar a una licitación nacional para designar un presidente titular que asuma la responsabilidad del proyecto. “El culpable no es el gigante dormido, sino nosotros, que nos hemos dormido esperando que el gigante despierte”, afirmó.
Tudela también alertó sobre el proceso de arbitraje que Jindal Steel, una empresa india que impulsó un proyecto de industrialización del hierro hasta 2012, mantiene con el Estado boliviano, por el cual estaría embargada la mitad del cerro del Mutún.
En paralelo, la ESM ha presentado una querella penal ante la Fiscalía de Santa Cruz contra el expresidente de la empresa, Jorge Alvarado, y otros dos ejecutivos, por presuntos incumplimientos y daño económico al Estado.
Alfredo Olmos, asesor legal de la ESM, explicó que la resolución del contrato con Sinosteel implicaría la comunicación a la empresa supervisora y la posibilidad de subsanar las observaciones pendientes. “Si la empresa acepta que hubo errores, se dejarían sin efecto las recepciones definitivas y provisionales, y se haría un cronograma para la subsanación de las observaciones, a fin de poner en funcionamiento la planta”, precisó.
El futuro del Complejo Siderúrgico del Mutún sigue siendo incierto. La respuesta de Sinosteel abre una ventana de oportunidad, pero el camino hacia la operatividad está lleno de obstáculos y desafíos. La paciencia de la población de Puerto Suárez se agota, y la presión por ver el “gigante de hierro” despertar es cada vez mayor. La administración de Rodrigo Paz enfrenta la tarea de convertir la esperanza en realidad, o de asumir la responsabilidad de un nuevo fracaso que podría condenar a la región a décadas más de espera.
