La administración de Donald Trump ha dado un paso atrás significativo en la lucha contra el cambio climático al revocar el “Endangerment Finding”, una determinación crucial de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitida en 2009. Esta decisión, que establece que los gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública, era la base legal que permitía la regulación de las emisiones en los sectores energético y automotriz de Estados Unidos. Si bien la administración Trump lo presenta como una victoria contra la “sobrerregulación”, analistas advierten que podría resultar ser una victoria pírrica, ya que ignora una realidad global en constante evolución.
El mercado automotor mundial ya no depende de Estados Unidos. China, con 30 millones de vehículos vendidos anualmente, ha superado con creces al mercado estadounidense, y su crecimiento está impulsado principalmente por los vehículos eléctricos. Esta brecha no es marginal, sino estructural y tecnológica. La electrificación del transporte ha trascendido su origen como una iniciativa ambiental para convertirse en una intensa competencia industrial. En la última década, el costo de las baterías ha disminuido en más del 80%, lo que ha impulsado la inversión global en tecnologías limpias, superando en 2023 la inversión en combustibles fósiles, según datos de la Agencia Internacional de Energía.
Esta transformación no se basa únicamente en ideales climáticos. Europa y Asia están electrificando sus flotas vehiculares por razones de eficiencia energética, reducción de costos y estrategia geopolítica. Relajar los estándares federales en Estados Unidos puede brindar un respiro temporal a las empresas, pero no detiene la inevitable transformación tecnológica ni la creciente presión competitiva que ya enfrentan. La desregulación, en esencia, busca ocultar un hecho innegable: el rezago de la industria estadounidense frente a la competencia asiática.
La eliminación de la base regulatoria federal no implica la ausencia de regulación. Estados como California, con sus propios estándares ambientales, anticipan litigios, al igual que numerosas organizaciones no gubernamentales y otros estados. Esta situación generará fragmentación, incertidumbre y mayores costos para las empresas, que necesitan reglas claras y estables para realizar inversiones multimillonarias en nuevas plataformas tecnológicas. Si bien las empresas a menudo temen la regulación, el costo de la imprevisibilidad es aún mayor, ya que dificulta la planificación a largo plazo y la innovación.
Estados Unidos se encuentra ahora compitiendo en un mundo donde la transición energética es una política industrial activa. Europa está implementando mecanismos de ajuste de carbono en la frontera, y aunque ha flexibilizado algunas exigencias empresariales sobre emisiones, no ha logrado frenar la competencia china en su propio territorio. China y otros países asiáticos están consolidando su liderazgo en la producción de baterías, vehículos eléctricos y el suministro de minerales críticos. La carrera por el dominio tecnológico se extiende a países como Tailandia, Chile y diversas naciones africanas, que buscan posicionarse en la cadena de valor de las energías limpias.
Para México, estrechamente integrado a la plataforma automotriz regional bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la desregulación en Estados Unidos expone la vulnerabilidad inherente de la industria norteamericana de la que depende. Esta medida no protege la competitividad mexicana, sino que la posterga. En una carrera tecnológica global, retroceder no permite ganar tiempo, sino que implica perder el futuro. La industria automotriz mexicana, que ha atraído inversiones significativas gracias a su integración con Estados Unidos, podría verse afectada por la incertidumbre regulatoria y la pérdida de competitividad de su socio comercial.
La decisión de Trump también tiene implicaciones geopolíticas. Al debilitar su compromiso con la lucha contra el cambio climático, Estados Unidos corre el riesgo de perder influencia en las negociaciones internacionales y de quedar rezagado en la carrera por el desarrollo de tecnologías limpias. China, por su parte, se posiciona como líder en este campo, lo que le otorga una ventaja estratégica en términos de innovación, empleo y crecimiento económico.
La reversión del “Endangerment Finding” no solo afecta al sector automotriz y energético. También tiene consecuencias para otros sectores, como la agricultura, la salud pública y la gestión de recursos naturales. El cambio climático ya está causando impactos significativos en estos sectores, como sequías, inundaciones, incendios forestales y enfermedades transmitidas por vectores. Al negar la amenaza de los gases de efecto invernadero, la administración Trump está socavando los esfuerzos para mitigar estos impactos y proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses.
La situación plantea un desafío para las empresas estadounidenses que buscan invertir en tecnologías limpias. La incertidumbre regulatoria dificulta la toma de decisiones a largo plazo y puede disuadir la inversión en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Además, la falta de un marco regulatorio claro puede dificultar la competencia de las empresas estadounidenses en el mercado global, donde cada vez más países están adoptando políticas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En resumen, la revocación del “Endangerment Finding” es una decisión miope que ignora la realidad del mercado global y las tendencias tecnológicas. Si bien puede brindar un alivio temporal a algunas empresas, a largo plazo perjudicará la competitividad de Estados Unidos y socavará sus esfuerzos para abordar el cambio climático. La industria estadounidense se enfrenta a un futuro incierto, mientras que China y otros países asiáticos se posicionan como líderes en la carrera por la transición energética. La desregulación no es una solución, sino un síntoma de un problema más profundo: la falta de visión estratégica y el negacionismo climático.
