El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha emitido un fallo final en el cual otorga la razón al Gobierno de México en el arbitraje internacional interpuesto por la empresa Calica, filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials Company. Este proceso legal se originó tras la clausura de las operaciones mineras de la firma y el veto a la extracción de piedra caliza en la costa del estado de Quintana Roo, medidas implementadas debido a los severos daños ecológicos registrados en la zona.
El arbitraje fue promovido bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A través de este mecanismo, Calica reclamaba que diversas autoridades, tanto a nivel federal como estatal, habían adoptado medidas entre enero de 2018 y el año 2022 que afectaron negativamente la operatividad de Vulcan Materials Company en territorio mexicano. La empresa alegaba que el cierre de su planta representaba una expropiación ilegal de sus activos, exigiendo una indemnización millonaria como compensación.
No obstante, el fallo final del Tribunal Arbitral desestimó la gran mayoría de las reclamaciones presentadas por la empresa. Según informó el Gobierno de México, el tribunal solo reconoció una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018. Las autoridades federales subrayaron que esta única medida aceptada representa menos del 1% del monto total que la empresa había reclamado originalmente en su demanda.
Ante la resolución del CIADI, el Gobierno de México manifestó que se encuentra analizando detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral. El objetivo de este análisis es determinar cuáles son las acciones legales que se encuentran a su alcance tras la notificación del fallo. Al mismo tiempo, el Estado mexicano aprovechó el anuncio para refrendar su postura respecto a la inversión extranjera, señalando que mantiene su compromiso con aquellas inversiones que aporten innovación, generen buenos salarios y, fundamentalmente, garanticen la protección al medio ambiente.
Asimismo, la administración federal destacó que la defensa del respeto a las reglas y los procedimientos establecidos en los tratados internacionales es un elemento fundamental. Para el gobierno, el seguimiento estricto de estos marcos legales es lo que permite brindar la certidumbre jurídica necesaria para que el desarrollo económico sea posible y sostenible en el tiempo.
Para comprender el contexto de este conflicto, es necesario remontarse a las operaciones de Calica, la cual durante casi cuatro décadas extrajo millones de toneladas de material pétreo tanto del subsuelo marino como de la selva. Este material era exportado principalmente hacia los Estados Unidos. El complejo minero había operado bajo concesiones otorgadas por administraciones gubernamentales anteriores a la actual Cuarta Transformación (4T), posicionándose como una de las fuentes primordiales de agregados pétreos para la industria de la construcción en el país vecino.
Sin embargo, la continuidad de estas actividades se volvió insostenible debido al grave impacto ecológico documentado en la región. Los reportes señalaron la devastación de más de mil 200 hectáreas de selva, la destrucción de cenotes y una alteración irreversible del manto acuífero subterráneo, elementos críticos para el ecosistema de Quintana Roo.
Bajo la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México decidió intervenir definitivamente en 2022, clausurando las operaciones mineras debido a la sobreexplotación de los límites autorizados en las concesiones originales. Como medida adicional para blindar la región contra cualquier actividad minera futura, el gobierno federal decretó que los terrenos anteriormente utilizados por Calica fueran integrados al Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, asegurando la protección permanente de la zona.
