Colombia ha presentado una demanda formal ante la Comunidad Andina (CAN) contra Ecuador, desafiando la tasa de seguridad del 30% impuesta a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero de 2026. La CAN confirmó este 17 de febrero de 2026 la recepción de las solicitudes de calificación de gravámenes y restricciones presentadas por Colombia, buscando determinar si la medida ecuatoriana constituye un gravamen o una restricción prohibida bajo la normativa de la CAN.
La decisión de Ecuador de implementar esta tasa, anunciada el 21 de enero de 2026 por el presidente Daniel Noboa, se justificó con la supuesta falta de cooperación de Colombia en el control del crimen transfronterizo. Sin embargo, esta acusación ha sido vehementemente negada por el presidente colombiano, Gustavo Petro. La situación escaló rápidamente después de una reunión infructuosa entre representantes de ambos países el 6 de febrero en Quito, donde no se logró alcanzar un acuerdo.
Ante la falta de resolución, Colombia anunció la aplicación de aranceles a productos ecuatorianos y la presentación de la denuncia ante la CAN, buscando la anulación de la tasa de seguridad impuesta por Ecuador. La admisión formal de la demanda por parte de la CAN el 16 de febrero, bajo los artículos 46 y siguientes de la Decisión 425, marca el inicio de un proceso de investigación que podría tener implicaciones significativas para el comercio intrarregional y las relaciones bilaterales entre ambos países.
La tasa del 30% aplica a todas las mercancías provenientes de Colombia, con excepciones limitadas a importaciones de energía eléctrica, servicios de transporte de crudo y donaciones. El Ministerio de Comercio de Colombia argumenta que esta medida constituye un gravamen, una figura prohibida por el Acuerdo de Cartagena, el cual prohíbe la imposición de gravámenes distintos a los aranceles en el comercio entre los países miembros de la CAN.
Expertos en comercio internacional consultados por Diario EXPRESO coinciden en que la tasa impuesta por Ecuador podría violar el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena. José Xavier Orellana, consultor empresarial y exviceministro de Comercio Exterior, y Daniel Legarda, exministro de Producción, señalan que la imposición de esta tasa representa una barrera comercial no arancelaria que contraviene los principios de libre circulación de bienes establecidos en el marco de la CAN.
El proceso de investigación iniciado por la CAN implica la revisión exhaustiva de la medida impuesta por Ecuador y la recopilación de información relevante de ambas partes. La Secretaría General de la CAN podrá solicitar información a las autoridades competentes de Colombia y Ecuador, así como realizar las diligencias necesarias para verificar los hechos alegados en las denuncias.
Una vez concluida la investigación, la CAN emitirá una resolución que determinará si la tasa de seguridad del 30% constituye un gravamen o una restricción prohibida. En caso de que la CAN determine que la medida es ilegal, Ecuador estaría obligado a levantar la tasa y podría enfrentar sanciones comerciales por parte de los demás países miembros de la CAN.
Además de la demanda ante la CAN, Colombia está preparando una respuesta comercial contundente. Según fuentes de Caracol Radio, el gobierno colombiano expedirá en los próximos días un decreto para imponer aranceles a más de 20 productos ecuatorianos, en una clara señal de retaliación. Este decreto, que está a la espera de la firma del presidente colombiano, busca presionar a Ecuador para que reconsidere su postura y levante la tasa de seguridad.
La admisión de las acciones de Colombia contra Ecuador por parte de la CAN subraya la creciente tensión comercial entre ambos países y la importancia de resolver las disputas a través de los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco de la CAN. El resultado de este proceso tendrá un impacto significativo en el comercio intrarregional, las relaciones bilaterales y la estabilidad económica de ambos países.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la integración subregional en la CAN y la capacidad de los países miembros para resolver sus diferencias de manera pacífica y constructiva. La imposición de barreras comerciales no arancelarias, como la tasa de seguridad del 30% impuesta por Ecuador, socava los principios de libre comercio y dificulta el desarrollo económico de la región.
La CAN, como organismo encargado de promover la integración subregional, tiene un papel fundamental que desempeñar en la resolución de esta disputa. Es crucial que la CAN actúe con imparcialidad y transparencia, garantizando que se respeten los derechos de todos los países miembros y que se cumplan las normas establecidas en el Acuerdo de Cartagena.
El desenlace de esta controversia dependerá en gran medida de la voluntad política de los gobiernos de Colombia y Ecuador para encontrar una solución negociada que satisfaga los intereses de ambas partes. La imposición de aranceles y la presentación de denuncias ante la CAN son medidas que pueden exacerbar la tensión y dificultar la búsqueda de un acuerdo.
En última instancia, la cooperación y el diálogo son las herramientas más efectivas para resolver las disputas comerciales y fortalecer la integración subregional. Colombia y Ecuador comparten una larga historia de lazos económicos y culturales, y es fundamental que ambos países trabajen juntos para superar esta crisis y construir un futuro de prosperidad y estabilidad para la región. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de esta situación, esperando que se encuentre una solución que evite una escalada de tensiones y promueva el libre comercio en la región andina.
