Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, ha protagonizado una notable metamorfosis en su rol dentro del panorama político peruano. Si bien recientemente se abstuvo de votar a favor de la moción de censura contra el ministro José Jerí, argumentando que un cambio presidencial generaría “caos” e “incertidumbre”, su historial revela una trayectoria diametralmente opuesta, marcada por la promoción activa de la destitución de presidentes en años anteriores. Esta postura ha contribuido a una inestabilidad política sin precedentes, llevando al Perú a experimentar ocho presidentes en tan solo diez años.
La bancada fujimorista ha sido un actor clave en la crisis de gobernabilidad que ha asolado al país, utilizando la figura de la vacancia presidencial como una herramienta política recurrente. El caso más emblemático es el de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), contra quien Fuerza Popular presentó dos mociones de vacancia. La primera no logró reunir los votos necesarios, pero la segunda, combinada con la difusión de los controvertidos “Kenjivideos” que mostraban supuestos intentos de compra de votos, forzó la renuncia del mandatario en marzo de 2018.
La estrategia de Fuerza Popular se basó en la interpretación de la “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que, hasta entonces, había sido poco utilizada. Los fujimoristas lograron ampliar el criterio de aplicación de esta cláusula, convirtiéndola en un argumento político flexible que podía ser utilizado para justificar la destitución de un presidente sin necesidad de pruebas jurídicas contundentes.
Tras la renuncia de PPK, asumió la presidencia Martín Vizcarra. Fuerza Popular continuó su ofensiva, presentando dos mociones de vacancia contra Vizcarra, alegando también “incapacidad moral permanente” debido a su presunta vinculación con el caso Richard Swing. La primera moción fue rechazada, pero la segunda, en noviembre de 2020, prosperó gracias al apoyo mayoritario de la bancada fujimorista, que votó 13 de 15 a favor.
La destitución de Vizcarra desencadenó una nueva crisis política. Manuel Merino, el entonces vicepresidente, asumió la presidencia, pero su mandato fue efímero, durando apenas cinco días. Inicialmente, Fuerza Popular defendió la legalidad de la asunción de Merino, pero ante las masivas protestas ciudadanas y la trágica muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, el partido cambió de postura y exigió la renuncia del nuevo presidente.
Francisco Sagasti asumió la presidencia tras un periodo de interinidad. Si bien no se presentaron mociones de vacancia contra Sagasti, Fuerza Popular cuestionó su gestión en diversos ámbitos, incluyendo el manejo de la pandemia y los cambios en la Policía Nacional. Además, tras su derrota en las elecciones de 2021, Keiko Fujimori insistió en la revisión de las supuestas irregularidades del proceso electoral.
Con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia, Fuerza Popular se convirtió en uno de los principales críticos de su gobierno y en impulsor de los procesos de vacancia. Los tres intentos de destituir a Castillo contaron con el respaldo mayoritario de la bancada fujimorista.
Finalmente, la vacancia de Castillo y la asunción de Dina Boluarte generaron un nuevo estallido social. Ante las protestas y la creciente inseguridad ciudadana, se presentaron siete mociones de vacancia contra Boluarte, ninguna de las cuales prosperó hasta octubre de 2025. En ese momento, Fuerza Popular sorprendió al cambiar su postura inicial y votar a favor de la moción, argumentando que no se podía “permitir ni una víctima más” producto de la inseguridad.
Este giro inesperado ha generado interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de Fuerza Popular y su estrategia política. La bancada, que durante años promovió la inestabilidad política a través de la vacancia presidencial, ahora se presenta como defensora del orden y la seguridad ciudadana.
La trayectoria de Fuerza Popular en los últimos diez años es un claro ejemplo de cómo la ambición política y la búsqueda del poder pueden socavar la estabilidad democrática de un país. La constante promoción de la vacancia presidencial, combinada con la manipulación de la opinión pública y la utilización de la figura de la “incapacidad moral permanente” como arma política, ha contribuido a una profunda crisis de confianza en las instituciones y a una creciente polarización social.
El caso peruano sirve como una advertencia sobre los peligros de la inestabilidad política y la importancia de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de la ciudadanía. La reciente decisión de Fuerza Popular de votar a favor de la moción de censura contra el ministro Jerí, después de años de promover la destitución de presidentes, plantea serias dudas sobre su compromiso con la estabilidad democrática y su verdadero rol en el futuro político del Perú. La ciudadanía observa con cautela los próximos movimientos de este influyente partido, esperando que su accionar contribuya a la construcción de un país más justo, estable y democrático.
