El allanamiento a la empresa municipal Segura EP en Guayaquil ha desatado una fuerte controversia, poniendo en tela de juicio la autonomía local y generando un debate jurídico sobre los límites de la intervención del gobierno central en asuntos de seguridad ciudadana. La operación, realizada por la Fiscalía a pedido de la Policía Nacional, investiga la presunta difusión de información reservada de las cámaras de videovigilancia a un servidor externo, pero ha sido interpretada por expertos como una afrenta a la gestión municipal y una violación del bloque constitucional.
El Ministerio Público justifica la intervención argumentando que Segura EP incumplió un acuerdo ministerial que exigía mantener el centro de datos en sus propias instalaciones, revelando que el almacenamiento de la información había sido subcontratado a la empresa Telconet. El ministro del Interior, John Reimberg, incluso ha insinuado la posible participación de grupos delictivos organizados en estas acciones, hablando de una “mano negra” detrás de los recientes incendios que han afectado a la ciudad.
Sin embargo, constitucionalistas como Ericka Zapata advierten que, si bien el gobierno central tiene facultades de control en materia de seguridad pública, no puede disponer de bienes financiados por el Municipio. “El límite está en la Constitución”, enfatiza Zapata, quien considera que la intervención del Ejecutivo viola el principio de autonomía administrativa, financiera y política que gozan los gobiernos autónomos descentralizados.
Zapata explica que Segura EP fue creada como una extensión de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana y la convivencia en Guayaquil, y que su función principal era complementar, no ser reemplazada, por las fuerzas del orden. Por lo tanto, la apropiación operativa de la estructura municipal por parte del gobierno central es considerada una extralimitación de funciones y una constante en la administración de Daniel Noboa.
La constitucionalista advierte que, de persistir el desacuerdo entre los niveles de gobierno, el caso podría llegar a la Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Subraya que la facultad del Ejecutivo se limita a fiscalizar y controlar ante anomalías, pero no a sustituir permanentemente la gestión local, y que cualquier intervención debe ser temporal y orientada a corregir, no a apropiarse de la infraestructura municipal.
Por su parte, el experto en gobernabilidad y seguridad preventiva, Edison Mafla, reconoce que la seguridad es una responsabilidad primordial del Gobierno nacional, pero también destaca que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) otorga facultades preventivas a los gobiernos locales. Mafla advierte que el intento del Ejecutivo de utilizar la infraestructura de Segura EP plantea desafíos complejos, tanto en la definición de la figura jurídica para el uso de bienes municipales como en la interoperabilidad de los sistemas de información.
Mafla considera que el problema de fondo es de gobernanza y que la inseguridad en el país exige un esfuerzo colectivo de todas las entidades públicas. En su opinión, el crimen organizado se está aprovechando de las debilidades institucionales y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Propone la construcción de planes locales de seguridad y el fortalecimiento de los consejos cantonales como mecanismos para mejorar la coordinación y la confianza entre las autoridades territoriales y nacionales.
La intervención actual, según Mafla, “rompe la gobernanza en materia de seguridad” y puede erosionar la confianza entre los diferentes niveles de gobierno. Enfatiza que la coordinación real debe basarse en la colaboración y el respeto mutuo, no en la imposición y la centralización de las decisiones.
La Gobernación del Guayas, por su parte, ha defendido la intervención, argumentando que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad que no admite excusas. Sin embargo, esta postura no ha logrado disipar las dudas sobre la legalidad y la conveniencia de la medida, ni calmar las críticas de los concejales de Guayaquil, quienes denuncian una “intromisión” en la autonomía local.
El caso de Segura EP pone de manifiesto la tensión existente entre el gobierno central y los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana, y plantea interrogantes sobre el futuro de la autonomía local en Ecuador. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo constructivo y un acuerdo político que respete las competencias y los derechos de cada nivel de gobierno, y que priorice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La falta de una solución consensuada podría agravar la crisis institucional y debilitar la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de la inseguridad y la delincuencia organizada. La situación actual exige una revisión profunda de las políticas de seguridad y una mayor inversión en la coordinación interinstitucional, así como en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para prevenir y combatir el delito.
