Una grave denuncia por acoso laboral, maltrato y vulneración de derechos fundamentales ha sacudido a la Seremia Regional de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena. Un funcionario a honorarios ha presentado una formal querella ante la Contraloría Regional, respaldada por la Ley Karin, acusando al seremi Andro Mimica de un patrón de conducta abusiva destinado a menoscabar su dignidad profesional y obstaculizar su labor. La denuncia, que incluye una detallada cronología de hechos, ha generado controversia y exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
El denunciante, cuya identidad se mantiene reservada, relata una serie de incidentes que, según su versión, evidencian un ambiente laboral hostil y una sistemática intención de perjudicarlo tanto profesional como económicamente. El detonante de la denuncia, según se desprende del documento presentado a la Contraloría, fue una supuesta respuesta burlona del seremi Mimica a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Al ser informado de la aprobación del pago de sus honorarios, tras una prolongada espera debido a supuestas trabas administrativas, el denunciante afirma que el seremi respondió con un simple “Jajajajaja, okis”, interpretando esta reacción como una falta de respeto y una burla ante su precaria situación económica.
Sin embargo, este incidente no es un caso aislado, sino parte de un entramado de acciones que, según el denunciante, conforman un “patrón de conducta abusiva”. La denuncia se estructura en torno a cinco hitos principales que sustentan las acusaciones.
El primer hito, denominado “obstrucción comunicacional y cerco mediático”, se refiere a la negativa del seremi a autorizar la gestión de contactos de prensa para difundir la labor de la secretaría regional ministerial en favor de organizaciones sociales. El denunciante asegura que Mimica justificó esta negativa argumentando que una funcionaria de Santiago había denegado el permiso, una afirmación que el denunciante califica de falsa y afirma poder acreditar.
El segundo hito, calificado como “sabotaje material y precarización de medios”, describe una situación en la que el computador del denunciante sufrió un defecto técnico irreparable durante un despliegue territorial relacionado con una política pública gubernamental. Ante la solicitud de un equipo de emergencia, se le habría entregado un notebook sin batería, sin cargador y totalmente descargado, lo que lo hizo “inutilizable para la tarea encomendada”. El denunciante considera esta acción como una forma de “violencia material” destinada a degradarlo y exponerlo al escrutinio público como un funcionario ineficiente.
El tercer hito, denominado “estrategia de la invisibilización y el ostracismo digital”, se refiere a la exclusión del denunciante de la agenda de la secretaría desde enero del año pasado y su exclusión de un nuevo grupo de WhatsApp creado para las coordinaciones de la oficina. Además, alega la invisibilización de su labor en las redes sociales de la seremia de Gobierno. El denunciante enfatiza que el “ostracismo” o la “ley del hielo” es una de las formas más dañinas de violencia psicológica.
El cuarto hito, denominado “hostigamiento y trato denigrante”, se refiere a un incidente ocurrido en Puerto Natales, donde el denunciante entregó un diploma a una dirigenta vecinal en ausencia del seremi. La publicación de esta actividad en las redes sociales del denunciante habría generado molestia en Mimica.
Finalmente, el quinto hito, denominado “violencia económica y burla ante la subsistencia”, se relaciona con el retraso en el pago de sus honorarios, sujeto a la aprobación de un informe mensual de actividades. El denunciante alega que, debido a supuestas trabas administrativas, el pago se dilató hasta que el 10 de febrero pasado un funcionario le comunicó que el documento ya había sido visado, lo que interpretó como una burla. A la fecha de la presentación de la denuncia, el documento aún no había sido firmado, perpetuando la falta de pago de sus remuneraciones.
Ante estas acusaciones, el seremi Andro Mimica se limitó a señalar que, debido a que existe un proceso en curso bajo la Ley Karin, no puede referirse en detalle al asunto por protocolo. Esta postura ha sido criticada por algunos sectores, quienes consideran que el silencio del seremi alimenta las sospechas y dificulta el esclarecimiento de los hechos.
La denuncia presentada ante la Contraloría Regional se encuentra actualmente en etapa de revisión. Es importante destacar que la presentación de la denuncia no implica, por sí sola, la acreditación de los hechos ni la existencia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la existencia de una cronología detallada de incidentes exigen una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.
La Ley Karin, que regula el acoso laboral en el ámbito público, establece mecanismos para proteger a los trabajadores y sancionar a los responsables de conductas abusivas. La Contraloría Regional deberá determinar si los hechos denunciados constituyen acoso laboral y, en caso afirmativo, adoptar las medidas correspondientes para proteger al denunciante y sancionar al seremi Mimica.
Este caso ha generado un debate sobre la importancia de promover un ambiente laboral respetuoso y libre de violencia en el sector público. La denuncia del funcionario a honorarios pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción del acoso laboral, así como de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores. La comunidad magallánica espera que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y garantizar la justicia en este caso.
