economia¡ALERTA AGRO! Sector pide 5,000 millones de lempiras para evitar crisis alimentaria
El sector agro de Honduras requiere al menos 5,000 millones de lempiras en créditos para continuar produciendo y generando empleo. Enfrenta múltiples necesidades; sin embargo, algunas son prioritarias.Entre las que se destacan el acceso a financiamiento, el combate a las invasiones que atentan contra la seguridad jurídica, el fortalecimiento de los sistemas de riego, la implementación de alternativas para contrarrestar los efectos del cambio climático y la descentralización del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), que, a juicio de productores, se ha politizado.Estas y otras solicitudes fueron planteadas por empresarios de la agricultura y la ganadería a Moisés Molina Guillén, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), quien aseguró estar anuente a atender la problemática de productores y agroindustriales.Jorge Ulloa, presidente de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), declaró que son cuatro los ejes que deben prevalecer: seguridad jurídica, frenar las invasiones, descentralizar Senasa —por ser un ente eminentemente técnico y que “debe estar fuera de la mano política”— y fortalecer la logística e inversión.Ulloa detalló que el financiamiento debe ser especializado y diferenciado, debido a que es una actividad riesgosa por los cambios climáticos, inundaciones, plagas y otros factores. “El agro necesita una inversión inmediata de cinco mil millones de lempiras y una inversión continua de por lo menos siete a ocho mil millones de lempiras”.La propuesta es que el agricultor y ganadero primario pueda acceder a préstamos con tasas de interés del 4%; la agroindustria, entre el 6% y 7%; y el sector comercial, una tasa más alta, pero diferenciada, con períodos de gracia de dos a cuatro años.“El agro es altamente riesgoso y debe ser apoyado por el Gobierno con una sola visión: garantizar la seguridad alimentaria, que es parte de la seguridad nacional”, apuntó Ulloa.Entre lo manifestado por los empresarios en la reunión realizada en San Pedro Sula está el fortalecimiento del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para acceder a fondos destinados a la producción. Sin embargo, señalaron que para lograrlo se debe frenar el traslado de utilidades al Banco Central de Honduras (BCH), que ascienden a unos 900 millones de lempiras anuales, recursos que —según indicaron— podrían destinarse al apoyo de la producción y la vivienda.Uno de los representantes del sector palmero denunció que hay 20,000 hectáreas de palma invadidas, incluyendo áreas que se han dejado de atender debido a las ocupaciones. A esto se suman los efectos del cambio climático y las plagas.“Esto nos ha llevado a perder la confianza y no atender las fincas, porque quién quiere fertilizar si cuesta entre 700 y 800 dólares por hectárea. La productividad ha caído en un 30%”, lamentó el empresario.Destacó que en Honduras no hay nuevas plantaciones ni nuevas áreas productivas debido a las invasiones. “Son billones los que hemos perdido. Esta es la segunda emboscada de invasiones que enfrentamos; la primera fue hace 10 a 15 años y no hay nadie haciendo nada. Recordemos que el 50% de la palma es producida por pequeños productores que tienen de cinco a diez hectáreas”, afirmó.Sobre este tema, el ministro de la SAG aseguró que está en agenda abordarlo con el presidente de la República, Nasry Asfura. “Esperamos tener una respuesta que satisfaga. Ustedes saben que es una cuestión social que hay que abordar con mucha prudencia”, expresó el funcionario a los empresarios.Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), declaró que en cuatro años se retrocedió 30 años en la agricultura, por lo que consideró necesario trabajar de la mano con el Gobierno para impulsar estabilidad y crecimiento en un sector que genera miles de empleos en el país.Ferreira indicó que es importante que las empresas agroindustriales compren producto nacional y no operen únicamente como empresas comerciales importando productos de otros países.“Fueron cuatro años difíciles. Recientemente, un empresario me decía que tuvo que pagar 10 millones de lempiras en multas en aduanas porque no le agilizaron el desaduanaje; todavía está en pleito legal, algo que no debe suceder si las reglas están claras”, señaló.Una de las propuestas para enfrentar las invasiones es la creación de bancos de tierra para ofrecer terrenos a productores con necesidad, de manera ordenada y legal. Sin embargo, advirtió que “hay otros intereses que van amarrados a invadir tierras productivas, tierras que ya están produciendo; es lo más fácil”, aseveró Ferreira.Los empresarios pidieron conocer en qué etapa se encuentra el censo agropecuario, con el fin de contar con datos reales para una planificación estructurada. También señalaron cuestionamientos sobre la mesa sectorial creada para tratar el tema de invasiones, que —según indicaron— no ha tenido resultados.Santiago Ruiz, exministro de la SAG, manifestó que uno de los ejes fundamentales es lograr la simplificación administrativa en instituciones como Senasa, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), especialmente en lo relacionado con permisos que calificó como engorrosos.“El tema de seguridad jurídica se ha venido discutiendo por años; es hora de resolverlo. Recuerden la mesa agraria, se anunció con bombos y platillos y los resultados fueron prácticamente nulos”, expresó Ruiz.Ruiz indicó que el bono tecnológico —que, según dijo, “de tecnológico no tiene mucho”— busca modernizar la agricultura, pero consideró que no debería retirarse al menos este año. “Se debe hacer una transición antes de quitar el bono y definir cómo se focaliza”, opinó.Moisés Molina Guillén reconoció que el tema de las invasiones es preocupante y será abordado con el presidente Asfura. En cuanto a Senasa, indicó que hay aspectos por mejorar para agilizar y transparentar las gestiones. Añadió que han acordado formar mesas de trabajo y reuniones periódicas para fortalecer la agricultura en el país.“Tenemos que entender que somos fuertes en la exportación de algunos rubros y débiles en la producción local de otros. Vamos a tener que nutrirnos del exterior; todos los países combinan producción local e intercambio comercial. Entender dónde somos más competitivos es determinante para el futuro de las negociaciones”, manifestó.El ministro informó que la próxima semana se reunirá con productores de maíz para abordar sus solicitudes y temas pendientes.
martes, 17 de febrero de 2026, 01:30
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El sector agroindustrial de Honduras se encuentra en una encrucijada, demandando al gobierno de Nasry Asfura una inyección urgente de al menos 5,000 millones de lempiras en créditos para evitar un colapso productivo y asegurar la seguridad alimentaria del país. La petición fue realizada directamente al nuevo ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina Guillén, durante una reunión tensa pero constructiva con representantes de las principales asociaciones de productores y empresarios del sector, celebrada en San Pedro Sula.
La reunión, que se extendió por varias horas, puso de manifiesto una serie de problemáticas estructurales que aquejan al agro hondureño, desde la falta de acceso a financiamiento adecuado hasta la creciente inseguridad jurídica provocada por las invasiones de tierras, pasando por la necesidad de fortalecer los sistemas de riego y adaptarse a los efectos cada vez más devastadores del cambio climático. Los empresarios también expresaron su preocupación por la politización del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), al que acusan de operar con criterios partidistas en lugar de técnicos, obstaculizando así el desarrollo del sector.
Jorge Ulloa, presidente de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), delineó cuatro ejes prioritarios para la recuperación y el crecimiento del agro: garantizar la seguridad jurídica, frenar las invasiones, descentralizar Senasa y fortalecer la logística e inversión. Ulloa enfatizó la necesidad de un financiamiento especializado y diferenciado, reconociendo el alto riesgo inherente a la actividad agrícola debido a factores como las variaciones climáticas, las inundaciones y las plagas. “El agro necesita una inversión inmediata de cinco mil millones de lempiras y una inversión continua de por lo menos siete a ocho mil millones de lempiras”, afirmó contundentemente.
La propuesta presentada al ministro Guillén contempla tasas de interés preferenciales para los diferentes actores del sector: 4% para los agricultores y ganaderos primarios, entre 6% y 7% para la agroindustria, y una tasa más alta, pero igualmente diferenciada, para el sector comercial, con períodos de gracia de dos a cuatro años. Ulloa argumentó que el agro es un sector estratégico para la seguridad alimentaria nacional y, por lo tanto, debe recibir el apoyo prioritario del gobierno.
Otro punto crucial planteado durante la reunión fue la necesidad de fortalecer el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) como fuente de financiamiento para el sector. Sin embargo, los empresarios advirtieron que esto solo será posible si se detiene el traslado de utilidades del Banhprovi al Banco Central de Honduras (BCH), que asciende a unos 900 millones de lempiras anuales. Estos recursos, según argumentaron, podrían destinarse al apoyo de la producción y la vivienda, generando un impacto positivo en la economía nacional.
La gravedad de la situación se evidenció en el testimonio de un representante del sector palmero, quien denunció que unas 20,000 hectáreas de palma han sido invadidas, incluyendo áreas que se han dejado de atender debido a la inseguridad jurídica. Esta situación, sumada a los efectos del cambio climático y las plagas, ha provocado una caída del 30% en la productividad, generando pérdidas millonarias para los productores. “Esto nos ha llevado a perder la confianza y no atender las fincas, porque quién quiere fertilizar si cuesta entre 700 y 800 dólares por hectárea”, lamentó el empresario.
El ministro Guillén se mostró receptivo a las demandas del sector y aseguró que abordará el tema de las invasiones con el presidente Asfura. Reconoció la complejidad de la situación y la necesidad de encontrar soluciones que equilibren los intereses sociales con la protección de la propiedad privada. En cuanto a Senasa, se comprometió a mejorar la agilidad y la transparencia de sus procesos, buscando despolitizar la institución y fortalecer su capacidad técnica.
Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), fue aún más contundente al afirmar que la agricultura ha retrocedido 30 años en los últimos cuatro años. Abogó por una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector privado para impulsar la estabilidad y el crecimiento de un sector que genera miles de empleos en el país. Ferreira también criticó la falta de apoyo a la producción nacional por parte de algunas empresas agroindustriales, que prefieren importar productos de otros países en lugar de comprar a los agricultores hondureños.
La simplificación administrativa en instituciones como Senasa, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) fue otro tema recurrente durante la reunión. Santiago Ruiz, exministro de la SAG, señaló que los trámites para obtener permisos son engorrosos y burocráticos, obstaculizando la actividad productiva. También se discutió el futuro del bono tecnológico, una iniciativa que, según Ruiz, necesita una revisión profunda para asegurar su efectividad.
El ministro Guillén anunció que la próxima semana se reunirá con productores de maíz para abordar sus solicitudes y temas pendientes. Reconoció que Honduras es fuerte en la exportación de algunos rubros, pero débil en la producción local de otros, y que es necesario encontrar un equilibrio entre la producción nacional y el intercambio comercial para garantizar la seguridad alimentaria del país. La situación del agro hondureño es crítica y requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del gobierno y el sector privado. El futuro de la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país dependen de ello.
