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El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para una crucial sesión este martes 17 de febrero, donde analizará una demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Poder Judicial. La disputa central gira en torno a la autoridad exclusiva para la gestión y supervisión del Registro de Organizaciones Políticas, un elemento fundamental para la integridad del proceso electoral peruano. La audiencia, programada para las 9:15 a.m. en la sede del TC en San Isidro, promete ser un punto de inflexión en la definición de competencias entre los poderes del Estado.
El conflicto se originó a raíz de una resolución emitida por el Poder Judicial que ordenó la inscripción de la organización política Unidad Popular, liderada por el exmagistrado Duberlí Rodríguez, permitiéndole participar en las elecciones generales de 2026. Esta decisión fue inmediatamente cuestionada por el JNE, que argumenta que dicha acción invade sus competencias constitucionalmente establecidas. El JNE interpuso la demanda competencial el 12 de septiembre de 2025, buscando una aclaración definitiva sobre quién tiene la última palabra en la inscripción y habilitación de partidos políticos.
La Procuraduría Pública del JNE sostiene que el artículo 178 de la Constitución peruana, específicamente en sus numerales 2, 3 y 4, le otorga al JNE la competencia exclusiva para mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas, velar por el cumplimiento de las normas relativas a estas organizaciones y, en general, supervisar todo lo concerniente a la materia electoral. La demanda busca que el TC declare la exclusividad de estas competencias al JNE y, consecuentemente, anule la resolución del Poder Judicial que permitió la inscripción de Unidad Popular.
Durante la audiencia, el pleno del TC escuchará los argumentos de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, que defenderá la legalidad de su resolución y su interpretación de las competencias constitucionales. Asimismo, se dará voz a Duberlí Rodríguez, en su calidad de personero legal de Unidad Popular y tercero interesado en el proceso. Rodríguez y su equipo legal presentarán sus argumentos para justificar la inscripción de su organización política y refutar las alegaciones del JNE.
La trascendencia de esta demanda competencial radica en la necesidad de establecer un claro límite entre las funciones del JNE y el Poder Judicial en materia electoral. Una definición ambigua o conflictiva podría generar incertidumbre jurídica y poner en riesgo la transparencia y la legitimidad de futuros procesos electorales. El JNE argumenta que la injerencia del Poder Judicial en la gestión del Registro de Organizaciones Políticas podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias o politizadas, socavando la independencia del ente electoral.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que la demanda plantea una cuestión de fondo sobre la separación de poderes y la preservación de la autonomía del JNE. “Es fundamental que el Tribunal Constitucional defina con precisión los límites de las competencias de cada poder del Estado en materia electoral”, afirma la Dra. Elena Vargas, especialista en derecho electoral. “Una decisión favorable al JNE fortalecería su rol como garante de la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral, mientras que una decisión favorable al Poder Judicial podría generar un precedente peligroso para la independencia del ente electoral”.
La inscripción de Unidad Popular, liderada por Duberlí Rodríguez, ha sido objeto de controversia desde el principio. Rodríguez, quien fue magistrado de la Corte Suprema, ha sido acusado de tener vínculos con grupos políticos de izquierda radical y de promover una agenda ideológica incompatible con los principios democráticos. Sus detractores argumentan que la inscripción de su partido podría desestabilizar el sistema político y poner en riesgo las instituciones democráticas.
El JNE, por su parte, ha defendido su derecho a evaluar rigurosamente los requisitos legales y políticos para la inscripción de organizaciones políticas, asegurando que su decisión se basa en criterios objetivos y transparentes. La Procuraduría Pública del JNE ha presentado pruebas documentales que respaldan su argumento de que el Poder Judicial actuó fuera de sus competencias al ordenar la inscripción de Unidad Popular.
La decisión del Tribunal Constitucional, que se espera sea emitida en los próximos días, tendrá un impacto significativo en el panorama político peruano. No solo definirá el futuro de Unidad Popular, sino que también establecerá un precedente importante para la interpretación de las competencias electorales y la relación entre los poderes del Estado. La sociedad peruana observa con atención este proceso, esperando una resolución que garantice la integridad y la transparencia del proceso electoral y fortalezca las instituciones democráticas.
La audiencia del martes se espera que sea tensa, con argumentos legales contundentes de ambas partes. El TC deberá sopesar cuidadosamente los argumentos presentados y emitir una sentencia que respete los principios constitucionales y garantice la estabilidad del sistema político. La decisión final podría marcar un antes y un después en la historia electoral del Perú. El país espera una resolución que reafirme la independencia del JNE y proteja la integridad del proceso democrático.
