El Consejo de Estado ha frenado de manera sorpresiva el ambicioso aumento del salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para 2026, generando incertidumbre en la economía colombiana y devolviendo la pelota al Ejecutivo. La decisión, tomada tras admitir una demanda contra el decreto que fijó el incremento en un 23%, suspende provisionalmente los efectos de la medida y exige al gobierno una nueva propuesta en un plazo máximo de ocho días calendario.
El alto tribunal, al analizar las demandas presentadas, determinó que el ajuste salarial no se sustentó adecuadamente en los parámetros técnicos exigidos por la ley. Varios demandantes argumentaron que el incremento, que elevaba el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) de $1.423.500 a $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, totalizando $2.000.000, carecía de la justificación económica necesaria. Esta decisión revierte, al menos temporalmente, uno de los pilares de la política económica del gobierno Petro, que buscaba establecer un “salario vital” para los trabajadores colombianos.
La medida cautelar impuesta por el Consejo de Estado obliga al gobierno a expedir y publicar un nuevo decreto provisional que establezca un porcentaje transitorio de incremento del salario mínimo para 2026, junto con el valor total correspondiente. Este nuevo monto regirá hasta que se emita una sentencia definitiva en el proceso, lo que podría tomar varios meses. El tribunal ha sido enfático en que el Ejecutivo deberá aplicar estrictamente los criterios legales y constitucionales vigentes, específicamente aquellos establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial.
Este no es un caso aislado. El Consejo de Estado ya había anulado un decreto de salario mínimo en 2016, considerando que el incremento había sido insuficiente. En esa ocasión, el tribunal ordenó al gobierno reajustarlo al alza, sentando un precedente que ahora se repite con la administración Petro. La similitud con el caso de 2016 plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para fundamentar técnicamente sus decisiones en materia salarial.
El decreto original, que entró en vigor con el inicio de 2026, representaba un salto significativo en comparación con el año anterior, superando las expectativas de los sindicatos, que abogaban por un incremento del 16%, y dejando atrás la oferta del sector privado, que se ubicaba en el 7,21%. El gobierno justificó el ajuste bajo el concepto de “salario vital”, argumentando que era necesario para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores colombianos. El presidente Petro incluso afirmó que “toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja”.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado pone en tela de juicio esta correlación y exige una revisión exhaustiva de los cálculos y proyecciones económicas que sustentaron el decreto original. La incertidumbre generada por esta medida cautelar podría afectar la planificación financiera de las empresas y la confianza de los inversionistas.
La pregunta que ahora se plantea es qué sucederá con aquellos empleadores que ya habían implementado el aumento del 23%. El Consejo de Estado no ha emitido una directriz clara sobre este punto, lo que podría generar litigios y controversias legales. Se espera que el tribunal se pronuncie al respecto en los próximos días, una vez que el gobierno presente su nueva propuesta de salario mínimo.
El plazo de ocho días que tiene el gobierno para responder a la orden del Consejo de Estado es ajustado, lo que obliga a una rápida revisión de los parámetros técnicos y económicos que sustentarán el nuevo decreto. Se estima que el incremento salarial transitorio que se establezca podría ubicarse entre el 6% y el 7%, un porcentaje significativamente menor al decretado originalmente.
La decisión del Consejo de Estado ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político y económico. Mientras que los sectores empresariales han celebrado la medida cautelar, argumentando que el aumento del 23% era insostenible y podría afectar la competitividad de las empresas, los sindicatos han expresado su preocupación y han anunciado movilizaciones en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores.
El gobierno Petro, por su parte, ha manifestado su respeto por la decisión del Consejo de Estado y ha anunciado que trabajará en la elaboración de un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros legales y constitucionales exigidos. Sin embargo, el mandatario ha reiterado su compromiso con la política de salario vital y ha advertido que no renunciará a su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos.
La situación actual plantea un desafío importante para el gobierno Petro, que deberá demostrar su capacidad para negociar y llegar a un acuerdo con los diferentes actores económicos y sociales del país. El futuro del salario mínimo en Colombia está en juego, y la decisión que tome el gobierno en los próximos días tendrá un impacto significativo en la economía y en la vida de millones de trabajadores colombianos. La tensión entre la visión social del gobierno y las exigencias técnicas del Consejo de Estado se ha intensificado, y el desenlace de esta historia aún es incierto.
