Buenos Aires – Una jornada de protestas masivas en rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei se tornó violenta en el centro de Buenos Aires, dejando un saldo de al menos 15 detenidos –ninguno de los cuales, según denuncias, pertenecía al grupo de provocadores que iniciaron los disturbios– y una fuerte condena de la oposición y los sindicatos. La represión policial, calificada de desproporcionada por testigos y observadores, incluyó el uso masivo de granadas de gas pimienta, balas de goma y chorros de agua contra las primeras filas de la marcha, que intentaba llegar al Congreso Nacional.
La jornada comenzó con una movilización multitudinaria, con miles de personas provenientes de diferentes puntos del país, convocadas por centrales sindicales, movimientos sociales y partidos de izquierda. La intención era expresar el rechazo a las modificaciones propuestas en la legislación laboral, consideradas por los manifestantes como un retroceso en los derechos de los trabajadores y una reedición de políticas similares a las implementadas durante la última dictadura cívico-militar.
Sin embargo, la protesta pacífica se vio rápidamente interrumpida por la acción de un grupo de aproximadamente 20 individuos, la mayoría encapuchados y armados con piedras y materiales para la fabricación de bombas molotov. Estos provocadores, protegidos tras planchas de madera, atacaron las vallas de seguridad que separaban a los manifestantes de las fuerzas del orden. Lo más llamativo, según testimonios y registros audiovisuales, es que la policía no intervino para detener a estos individuos, concentrando en cambio su accionar represivo contra el grueso de la marcha.
“Es inaceptable que se permita la acción de grupos violentos mientras se reprime brutalmente a manifestantes pacíficos”, declaró Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien encabezaba una de las columnas que no pudo alcanzar el Congreso. Kicillof denunció que la reforma laboral impulsada por Milei “es la misma que se aplicó en la dictadura, que busca precarizar el trabajo y privar a los trabajadores de sus derechos”.
El gobernador también aprovechó la ocasión para criticar la situación económica del país, señalando que “desde que llegó Milei se pierde un empleo cada cuatro minutos y cierran 30 empresas por día”. Asimismo, advirtió que el 72% de los trabajadores, tanto formales como informales, percibe ingresos inferiores a un millón de pesos (aproximadamente 712 dólares), una cifra que, según Kicillof, demuestra la necesidad de políticas que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores.
La respuesta del gobierno no tardó en llegar. La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusó a “grupos de izquierda” de ser los responsables de los actos de violencia, afirmando que actuaron de manera “organizada, premeditada y con armamento casero”. Monteoliva prometió que los responsables serán identificados y llevados ante la justicia.
Sin embargo, la versión oficial fue rápidamente cuestionada por la oposición y los medios de comunicación independientes, que señalaron la pasividad de la policía ante la acción de los provocadores y la desproporción en el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. Las imágenes de policías arrojando granadas de gas pimienta y balas de goma a corta distancia, así como el uso de chorros de agua a alta presión, generaron indignación y críticas generalizadas.
La situación se complicó aún más con la reciente renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), Marcos Lavagna, quien habría presentado una cifra de inflación más alta a la que finalmente se publicó. El gobierno, acusado de manipular las estadísticas para ocultar la verdadera situación económica, se defendió argumentando que la cifra oficial del 2.9% es la correcta.
La canasta básica para una familia de cuatro personas ya supera los 1.4 millones de pesos (mil dólares), un monto que muchas familias no pueden afrontar, especialmente considerando el aumento de los precios de los servicios básicos y la persistente brecha entre los salarios y el costo de vida.
Las protestas no se limitaron a Buenos Aires. En otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, también se registraron fuertes represiones policiales contra los manifestantes. La represión en la capital federal fue comparada con la utilizada contra jubilados y discapacitados en sus marchas pacíficas semanales, dejando numerosos heridos y detenidos.
La controversia en torno a la reforma laboral se suma a las crecientes tensiones políticas y sociales que atraviesa el país. El gobierno de Milei, que ha implementado una serie de medidas de ajuste económico y ha adoptado una postura confrontativa frente a la oposición, enfrenta un creciente rechazo social y una creciente dificultad para obtener apoyo político para sus proyectos legislativos. El debate en el Senado, donde se espera que se vote la reforma laboral, se presenta como un escenario crucial para el futuro del gobierno. La oposición, fortalecida por las protestas y la creciente desconfianza en el gobierno, se prepara para dar batalla y defender los derechos de los trabajadores.
