El reciente aumento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) en Colombia, que alcanzó un 23% para 2026, ha desatado una ola de ajustes y reevaluaciones en las empresas del país, impactando significativamente sus estrategias de nómina y operativas. Un estudio exhaustivo realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), con la participación de más de 200 organizaciones de diversos sectores y tamaños, revela un panorama complejo y desafiante para el sector empresarial.
El estudio confirma que el 14% de las compañías ya han optado por trasladar los salarios integrales a ordinarios como una medida para mitigar el impacto financiero del incremento salarial. Esta decisión, aunque comprensible desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera de las empresas, genera incertidumbre entre los empleados y podría tener implicaciones en sus beneficios y condiciones laborales. Más del 50% de las empresas, sin embargo, aún se encuentran en un estado de evaluación, sin haber definido si mantendrán o modificarán sus esquemas salariales actuales. Esta indecisión refleja la magnitud del impacto del aumento del SMLV y la necesidad de analizar cuidadosamente las diferentes opciones disponibles.
La situación es particularmente preocupante en los cargos de alta gerencia, donde el 26% de las empresas que aplican el modelo de salario integral planean pasarlo a régimen nominal, mientras que solo el 18% lo mantendría. Para la gerencia media, el 39% realizaría el cambio a salario ordinario, y un escaso 7% conservaría el esquema integral. Incluso en la gerencia general, el 25% de las organizaciones consultadas se inclina por mantener el régimen integral. Estos datos sugieren una tendencia clara hacia la reducción de los costos laborales, especialmente en los niveles más altos de la jerarquía empresarial.
Ante este escenario, las empresas no se han limitado a ajustar sus esquemas salariales. El 32% ha implementado recortes de gastos y medidas de austeridad para contrarrestar el incremento del SMLV, mientras que el 24% ha apostado por la automatización de procesos mediante inteligencia artificial. Estas estrategias, aunque pueden mejorar la eficiencia y reducir los costos a largo plazo, también podrían generar preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la necesidad de que los trabajadores adquieran nuevas habilidades para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
Además, algunas empresas han optado por limitar los aumentos salariales a aquellos colaboradores que reciben el mínimo, ajustar estructuras salariales, renegociar tarifas con proveedores o incluso incrementar precios para poder suplir los gastos de nómina. Estas medidas, aunque pueden ser necesarias para garantizar la viabilidad financiera de las empresas, podrían afectar la calidad de los productos y servicios, así como la capacidad de compra de los consumidores.
Juan Carlos Ramírez, presidente de Acrip, advierte que “el incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas, llevándolas a crear estrategias para mitigar su impacto. Con este análisis evidenciamos que los esquemas salariales, la empleabilidad y, en algunos casos, el precio final de los consumidores o usuarios, son los más afectados”. Su declaración subraya la importancia de un diálogo constructivo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para encontrar soluciones que permitan equilibrar la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad financiera de las empresas.
A pesar de los desafíos, el estudio revela que el 82,4% de las empresas consultadas planea incrementar los salarios en 2026, aunque en proporciones significativamente menores al aumento del SMLV. El 14,8% aún no ha tomado una decisión, y solo el 2,9% ha determinado que no los aumentará. Los ajustes se están implementando de manera gradual, con el 47,1% de las organizaciones realizando los cambios en enero, el 22,8% en febrero, el 15% en marzo y el 9,2% en abril.
En cuanto a los incrementos salariales, el personal base será el más beneficiado, con un promedio del 13,3%, superando en más de cinco puntos porcentuales la proyección establecida en diciembre de 2025, antes de conocerse el alza del SMLV. Los incrementos para el personal técnico serán del 8,2%, para los profesionales del 6,9%, para la gerencia media del 6,4% y para la alta gerencia del 6,3%. Estos datos confirman que el aumento del SMLV tendrá un mayor impacto en los salarios más bajos, lo que podría contribuir a reducir la desigualdad salarial.
Ramírez enfatiza que “una de las principales conclusiones que resulta de este estudio es que, aunque el Gobierno nacional haya decidido incrementar el SMLV en un 23%, el mercado laboral no tiene la capacidad financiera de aumentar los salarios a ese nivel”. Esta afirmación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del aumento del SMLV y la necesidad de implementar políticas complementarias que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo.
Entre los principales retos para el año en curso, las empresas se refieren a la necesidad de mantener la competitividad salarial y nivelar los sueldos técnicos para evitar que queden por debajo del personal base. Esto implica invertir en la capacitación y el desarrollo de habilidades de los trabajadores técnicos, así como promover políticas que fomenten la igualdad de oportunidades y la movilidad social. El futuro del mercado laboral colombiano dependerá de la capacidad de las empresas, el gobierno y los trabajadores para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones que permitan construir una economía más justa, equitativa y sostenible. La situación actual exige una revisión profunda de las políticas laborales y económicas para garantizar que el aumento del SMLV no genere consecuencias negativas para la empleabilidad y el crecimiento económico del país.
