Panamá, 16 de mayo de 2024 – La reciente celebración del control total del Canal de Panamá por parte del Estado panameño, un hito largamente esperado y celebrado como un símbolo de soberanía, se ve ahora bajo un escrutinio cada vez más profundo. Una investigación revela que la infraestructura, lejos de ser un motor de desarrollo sostenible, podría estar operando como una forma sofisticada de extractivismo, consumiendo silenciosamente los recursos hídricos del país y perpetuando una dependencia económica que socava la verdadera autonomía nacional.
Hace poco más de dos años, las protestas masivas contra la minería metálica a gran escala demostraron la creciente conciencia ecológica y la determinación de los panameños de proteger su territorio. Sin embargo, mientras la atención se centraba en la extracción de minerales, una forma de extracción mucho más antigua y arraigada, el Canal de Panamá, operaba impunemente, sin generar el mismo nivel de crítica o cuestionamiento. La autora del estudio, una investigadora doctoral en Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona, argumenta que el Canal debe ser entendido no como un simple servicio logístico, sino como una variante hidráulica del extractivismo global.
“Comemos del Canal, pero el Canal nos come a nosotros”, señala la investigación, haciendo eco de un antiguo adagio de los mineros andinos. Los peajes del Canal representan una fuente vital de ingresos para el Estado panameño, sosteniendo las finanzas públicas y el consumo interno. Sin embargo, este beneficio económico tiene un costo oculto: la exportación masiva de agua dulce. Cada barco que atraviesa las esclusas requiere millones de litros de agua, provenientes de los lagos artificiales que forman parte del sistema del Canal. Esta extracción constante de agua dulce está generando graves problemas de escasez en varias regiones del país, afectando el acceso al agua potable, la agricultura y la biodiversidad.
La investigación destaca que la percepción del Canal como un “servicio” inagotable es peligrosamente errónea. Se ha creado una narrativa que enfatiza la ubicación geográfica privilegiada de Panamá y su capacidad para ofrecer un servicio eficiente al comercio internacional, pero esta narrativa oculta la realidad de que el Canal está transformando un recurso vital –el agua– en un “flujo” efímero, sacrificando la sostenibilidad a largo plazo en aras de la acumulación de capital global. La prioridad otorgada al tránsito de mercancías sobre la salud de la cuenca del Canal establece una jerarquía de derechos desigual, donde un buque Neopanamax tiene más prioridad que las necesidades hídricas de comunidades enteras.
El estudio también cuestiona la naturaleza de la soberanía panameña sobre el Canal. Si bien la reversión del Canal en 1999 fue celebrada como un triunfo nacional, la autora argumenta que la posesión del Canal es meramente administrativa. “Cambiamos de dueño de la llave, pero dejamos intacta la tubería”, afirma. El Estado panameño heredó la lógica desarrollista estadounidense, que se transformó en un nacionalismo arraigado que ha convertido a los panameños en sujetos con una relación extractiva con su propio territorio y con los más vulnerables. El orgullo nacional se ha convertido en un envoltorio que oculta un contrato de arrendamiento a perpetuidad de los recursos hídricos del país.
La creciente demanda de rutas marítimas más cortas, impulsada por el “Consenso de la Descarbonización” global, agrava aún más la situación. Las navieras buscan reducir su huella de carbono, pero esta eficiencia verde se alimenta de la entropía local: la salinización de los campos agrícolas, la ruptura del corredor biológico y la escasez de agua que ya afecta a numerosas comunidades. Panamá se ha convertido en una pieza crucial del engranaje que perpetúa un sistema que prefiere un país seco a uno lento.
Incluso el lema nacional de Panamá, “Pro Mundi Beneficio”, es reinterpretado en la investigación como una inscripción de servidumbre geográfica, un mandato estructural que prioriza el beneficio del capital transnacional sobre el bienestar biológico de la República. Esta lógica es gestionada por una tecnocracia que se presenta como impecable y despolitizada, operando de espaldas a las provincias y a las cicatrices ecológicas que no se reflejan en sus balances financieros.
La autora plantea una pregunta fundamental: si el Canal tiene que secar los grifos de los panameños para engordar las arcas del Estado, ¿seguimos siendo los legítimos dueños del Canal, o nos hemos reducido a ser la mera mano de obra que mantiene abierta la vena por la que se desangra nuestra riqueza natural?
La investigación insta a una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo panameño y la necesidad de redefinir la soberanía en términos de sostenibilidad y justicia social. Se requiere una revisión exhaustiva de la gestión del Canal, con el objetivo de equilibrar los beneficios económicos con la protección de los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades locales. La autora aboga por una transición hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible, que priorice la salud del ecosistema y el bienestar de las generaciones futuras. El futuro de Panamá, argumenta, depende de su capacidad para romper con la lógica extractiva y construir una verdadera soberanía ecológica.
