La Asamblea Nacional de Nicaragua ha informado oficialmente este martes, 21 de julio de 2026, que ha puesto en marcha los análisis técnicos y jurídicos necesarios para dar cumplimiento a las recientes orientaciones emitidas por el presidente Daniel Ortega. El mandatario centroamericano ha ordenado la prohibición de la celebración de elecciones generales en el país, una medida que marca un giro significativo en la gestión política de la nación.
A través de una declaración formal, el Parlamento nicaragüense detalló que, basándose en las palabras de Ortega referentes a los procesos políticos internos, el objetivo de esta medida es asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros alcanzados en la lucha contra la pobreza. Bajo esta premisa, el órgano legislativo ha comenzado la elaboración de un plan de trabajo diseñado específicamente para ejecutar las directrices presidenciales.
Para concretar este proceso, el Congreso, que se encuentra bajo el control absoluto del oficialismo, anunció la realización de sesiones especiales de trabajo. En estas reuniones participará el Consejo Supremo Electoral (CSE), organismo que también se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo. El propósito de estas sesiones es garantizar que los pasos constitucionales, legales y formales estén debidamente fundamentados, permitiendo así que las reformas institucionales cuenten con las bases jurídicas necesarias para sostener este cambio en la institucionalidad del Estado.
En su comunicado, la Asamblea Legislativa enfatizó la cuestión de la autodeterminación, remarcando que la soberanía del pueblo y del país es un asunto exclusivo de los nicaragüenses. Con este argumento, el Parlamento justificó la convocatoria a las sesiones especiales, asegurando que su función actual es cumplir estrictamente con los mandatos recibidos desde la presidencia.
La reacción internacional no se ha hecho esperar. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante al acusar a Daniel Ortega de haber revelado su "verdadera naturaleza autoritaria" tras afirmar que no se volverán a celebrar elecciones en Nicaragua. Rubio aprovechó la oportunidad para hacer un llamado urgente a la comunidad internacional, solicitando que se unifiquen esfuerzos para demostrar a la dictadura liderada por el matrimonio Murillo y Ortega que no es posible mantener relaciones habituales con otras naciones mientras se socaven los principios fundamentales del hemisferio democrático.
En la región, otros países también han manifestado su rechazo. La Cancillería de Costa Rica expresó una profunda preocupación por lo que describió como el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persistente persecución contra las voces disidentes dentro del territorio nicaragüense. Por su parte, el gobierno de Panamá criticó abiertamente las declaraciones del presidente Ortega y tomó la medida diplomática de llamar a consultas a su embajador en Managua.
Desde el interior del país, la oposición nicaragüense ha hecho un llamado desesperado a la comunidad internacional. Los sectores opositores han solicitado que no se permita que el régimen continúe actuando con total impunidad y han pedido acciones inmediatas que respalden al pueblo nicaragüense. La demanda de la oposición es clara: el ejercicio de la máxima presión política y diplomática para forzar la apertura de una ruta real hacia la democracia en su patria.
El contexto de esta decisión se enmarca en la trayectoria de Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna Nicaragua desde el año 2007. Su mandato ha estado marcado por constantes acusaciones de fraude electoral, persecución política y la eliminación sistemática de rivales para evitar cualquier forma de competencia electoral real.
Asimismo, es relevante señalar que desde 2017 Ortega ejerce el poder en conjunto con su esposa, Rosario Murillo. Murillo, quien anteriormente se desempeñaba como vicepresidenta, fue designada oficialmente como copresidenta en febrero de 2025. Esta designación fue posible gracias a una reforma constitucional que consolidó el control total del matrimonio sobre las principales instituciones del Estado nicaragüense.
