La Asamblea Nacional de Nicaragua ha informado oficialmente que ha comenzado el proceso de análisis de diversas reformas constitucionales, legales y electorales. Estas acciones tienen como objetivo ejecutar las orientaciones recientemente anunciadas por el presidente Daniel Ortega, quien el pasado domingo aseguró que en el país no se volverán a celebrar procesos electorales.
A través de un comunicado oficial emitido este martes 21 de julio y difundido mediante su cuenta en la plataforma X, el órgano legislativo nicaragüense detalló que se llevarán a cabo sesiones especiales en coordinación con el Consejo Supremo Electoral (CSE). El propósito de estas reuniones es impulsar los cambios normativos necesarios para establecer las bases jurídicas de un nuevo modelo político, el cual, según el documento, busca garantizar la continuidad de los procesos institucionales en la nación.
En el texto publicado por la Asamblea Nacional se especifica que el objetivo primordial de estas reformas es asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad del país, además de garantizar la continuidad de los logros alcanzados en la lucha contra la pobreza. El órgano legislativo precisó que la convocatoria para iniciar estos análisis responde a los mandatos recibidos durante el acto oficial del pasado 19 de julio, fecha en la que se conmemoró el 47.° aniversario del triunfo de la revolución sandinista.
Este movimiento legislativo ocurre inmediatamente después de que el presidente Daniel Ortega afirmara, durante la mencionada celebración oficial, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones en las que puedan participar aquellos partidos políticos que fueran "puestos por los yanquis", haciendo thereby una referencia directa a la influencia de los Estados Unidos.
El anuncio ha generado una reacción inmediata en el plano internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump no se quedará de brazos cruzados ante esta situación. Rubio señaló que la administración de Ortega profundiza la represión y pone en riesgo la estabilidad de la región. En sus declaraciones, Rubio afirmó que la postura de Daniel Ortega, al asegurar que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, es una muestra clara de su verdadera naturaleza autoritaria.
Desde una perspectiva legal y cronológica, Nicaragua tenía programado celebrar elecciones generales en el año 2027. Sin embargo, este panorama se ve alterado tras una reforma constitucional aprobada a finales de 2024. Dicha reforma no solo amplió el mandato presidencial, extendiéndolo de cinco a seis años, sino que también convirtió formalmente a Rosario Murillo en copresidenta del país.
Ante este escenario, diversos dirigentes de la oposición que se encuentran actualmente en el exilio han manifestado su preocupación. Para estos líderes, la decisión tomada por Ortega y la posterior acción de la Asamblea Nacional buscan consolidar un modelo de partido único, trazando una comparación con el sistema político implementado en Cuba.
El contexto de estas medidas se enmarca en un periodo de fuerte tensión política y social. Desde el estallido de las protestas en 2018, que resultaron en la muerte de aproximadamente 300 personas según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno ha implementado una serie de medidas contra sus detractores. Esto ha incluido el encarcelamiento y la expulsión del país de numerosos opositores, periodistas, activistas y figuras religiosas.
Actualmente, la Asamblea Nacional se encuentra elaborando el Plan de Trabajo necesario para dar cumplimiento a las orientaciones presidenciales, lo que marca el inicio de una transformación en la estructura electoral y constitucional de Nicaragua, eliminando la posibilidad de procesos comiciales pluralistas según los términos expuestos por el Ejecutivo.
