La Corte Constitucional le puso freno al gobierno de Gustavo Petro al tumbar las facultades especiales otorgadas al Ministerio de Agricultura para remover administradores de tierras y sancionar a los gremios del sector agropecuario. La decisión, que ha generado una fuerte reacción política, fue celebrada por la senadora Paloma Valencia, quien promovió la demanda que llevó a este fallo. El Alto Tribunal consideró que la resolución publicada por el Ministerio de Agricultura en 2025, basada en la Ley 2219 de 2022, vulneraba el derecho al debido proceso y excedía los límites de la facultad reglamentaria del Presidente de la República.
La resolución 52 de 2025, ahora declarada inconstitucional, otorgaba al Ministerio de Agricultura la potestad de remover administradores y representantes legales de gremios, suspender personerías jurídicas por periodos de hasta seis meses, imponer multas diarias significativas y exigir la entrega de información financiera detallada. Según la Corte, estas facultades representaban un ataque a la independencia del sector agropecuario y una extralimitación de las competencias del Ejecutivo.
El Gobierno quería remover a los administradores y representantes legales, suspender las personerías jurídicas, imponer multas diarias y exigir la entrega de toda la información financiera. Era un ataque a la independencia del sector agropecuario , declaró la senadora Valencia en sus redes sociales, resaltando la importancia de la victoria legal. La legisladora del Centro Democrático argumentó que el gobierno de Petro estaba intentando asumir facultades que corresponden exclusivamente al Congreso de la República, una práctica que, según ella, se ha repetido en áreas como la salud, los impuestos y ahora, el sector agropecuario.
La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Agricultura solo podrá reglamentar el procedimiento de inspección, vigilancia y control, ajustándose estrictamente al Código de Procedimiento Administrativo. Además, enfatizó que la imposición de sanciones a los gremios del agro solo podrá realizarse a través de una ley previamente aprobada por el Congreso, garantizando así el debido proceso y la separación de poderes.
Este fallo representa un nuevo revés para el gobierno de Gustavo Petro ante la Corte Constitucional. Recientemente, el Alto Tribunal había declarado exequibles los artículos relacionados con los llamados impuestos saludables , que gravan la producción, venta e importación de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas. Esta decisión, incluida en la reforma tributaria de 2022, despejó las dudas jurídicas sobre su validez constitucional y confirmó una de las medidas clave del gobierno para financiar el sistema de salud. La Corte concluyó que las exclusiones previstas en la norma no vulneraban los principios de igualdad ni de equidad tributaria.
Sin embargo, la reciente decisión sobre las facultades del Ministerio de Agricultura contrasta con la validación de los impuestos saludables, evidenciando una postura de la Corte que, si bien respalda algunas iniciativas del gobierno, también está dispuesta a defender los límites constitucionales y los derechos fundamentales.
La controversia en torno a la resolución 52 de 2025 se centró en la amplitud de las facultades otorgadas al Ministerio de Agricultura, que permitían una intervención excesiva en la gestión interna de los gremios y una potencial vulneración de sus derechos. Los críticos argumentaron que la posibilidad de suspender personerías jurídicas y remover administradores sin el debido proceso legal podía generar incertidumbre jurídica y afectar la estabilidad del sector agropecuario.
La decisión de la Corte Constitucional ha sido recibida con beneplácito por los gremios del agro, quienes ven en ella una garantía de su independencia y autonomía. Representantes de Fedagro, Asocolflores y otras asociaciones han manifestado su satisfacción por el fallo y han reiterado su compromiso con el diálogo constructivo con el gobierno, siempre y cuando se respeten los marcos legales y constitucionales.
El gobierno de Gustavo Petro aún no ha emitido una declaración oficial sobre la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Agricultura han indicado que se están analizando las implicaciones del fallo y se están evaluando las opciones para ajustar la reglamentación a los nuevos parámetros establecidos por el Alto Tribunal. Se espera que el gobierno presente un plan de acción en los próximos días para garantizar el cumplimiento de la decisión judicial y evitar nuevos conflictos con el sector agropecuario.
La senadora Valencia, por su parte, ha anunciado que continuará vigilando las acciones del gobierno y que presentará nuevas demandas si considera que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos o se están extralimitando las competencias del Ejecutivo. No permitiremos que este gobierno siga abusando de su poder y socavando las instituciones democráticas , afirmó la legisladora.
Este caso pone de manifiesto la importancia del control constitucional y la necesidad de garantizar el equilibrio de poderes en un Estado de derecho. La decisión de la Corte Constitucional reafirma el principio de que ninguna autoridad, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley y que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus derechos fundamentales. El futuro de la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el sector agropecuario dependerá de la capacidad de ambas partes para dialogar y encontrar soluciones que respeten los marcos legales y constitucionales.
