El gobierno del presidente Daniel Noboa ha dado un paso atrás en materia de transparencia y control interno al derogar, mediante el Decreto 173, el Código de Ética que había asumido apenas meses antes, con el Decreto 86, heredado de la administración de Guillermo Lasso. Esta decisión, que ha generado controversia y preocupación en diversos sectores, elimina un mecanismo de autorregulación que, si bien no era vinculante legalmente, establecía límites y deberes para los funcionarios públicos de la administración central.
La justificación oficial, o más bien la interpretación de analistas y observadores, apunta a que la existencia de un código ético interno podría ser utilizado políticamente contra los funcionarios del gobierno. En un contexto de creciente tensión y polarización, la administración Noboa parece haber priorizado la protección de sus colaboradores por encima del fortalecimiento de la integridad pública. Esta lógica, aunque pragmática desde una perspectiva política, plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción y el establecimiento de una administración transparente y responsable.
El Código de Ética derogado establecía normas sobre conflictos de interés, nepotismo, transparencia en la gestión pública y sanciones administrativas internas, como la remoción de funcionarios transgresores. Si bien estas normas no reemplazaban las leyes ni las competencias de los órganos de control externo, como la Contraloría y la Fiscalía, constituían un nivel adicional de control y autocontrol presidencial. Su eliminación, por lo tanto, debilita los mecanismos internos de integridad pública y envía un mensaje preocupante a la sociedad sobre la voluntad del gobierno de rendir cuentas.
La derogatoria elimina precisiones conceptuales cruciales sobre conflictos de interés, el uso de bienes públicos y los deberes de probidad. Esto abre la puerta a la discrecionalidad y a la posible impunidad de los funcionarios públicos, quienes ahora cuentan con menos restricciones para actuar en función de sus propios intereses o de los de sus allegados. La decisión del gobierno contrasta con sus declaraciones iniciales, en las que la ética era presentada como un pilar fundamental de su gobernanza.
La preocupación se agudiza al considerar el historial de los órganos de control externo. A pesar de su existencia y de sus competencias legales, la Contraloría, la Fiscalía y otros organismos de control a menudo se muestran ineficaces o incluso cómplices de actos de corrupción. En un contexto de cruce de intereses, nepotismo y tráfico de influencias, la eliminación del Código de Ética interno deja a la administración pública aún más vulnerable a los abusos de poder.
La Constitución ecuatoriana establece principios fundamentales como el mérito, la igualdad, la transparencia y la probidad como pilares del servicio público. También prohíbe la acumulación de cargos públicos y la participación de personas con conflictos de interés en organismos de control y regulación. Sin embargo, estos principios son sistemáticamente violados en la práctica, con un desparpajo y un cinismo que indignan a la ciudadanía.
Gobernar implica entender que el poder no es un patrimonio personal, sino un ejercicio cívico que debe estar sometido a controles internos y externos. La falta de límites y la ausencia de mecanismos de autorregulación favorecen la corrupción, el clientelismo y la impunidad. En un país como Ecuador, donde la corrupción ha sido un problema endémico durante décadas, la derogatoria del Código de Ética representa un retroceso significativo en la lucha por una administración pública más transparente y responsable.
La historia demuestra que los abusos más graves no surgen cuando el poder es ilegal, sino cuando no se impone límites a sí mismo. La eliminación del Código de Ética interno es un ejemplo claro de esta dinámica, ya que permite a los funcionarios públicos actuar con mayor discrecionalidad y sin temor a ser sancionados por sus actos. Esta situación, a su vez, puede generar un clima de desconfianza y descontento en la sociedad, erosionando la legitimidad del gobierno y debilitando las instituciones democráticas.
La decisión del gobierno Noboa plantea un desafío para la sociedad ecuatoriana. Es necesario fortalecer los mecanismos de control externo, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y exigir a los funcionarios públicos que cumplan con los principios éticos que rigen el servicio público. La lucha contra la corrupción no es solo una tarea del gobierno, sino una responsabilidad de todos los ciudadanos. La derogatoria del Código de Ética es una señal de alerta que nos recuerda la importancia de permanecer vigilantes y de defender los valores democráticos. El futuro de Ecuador depende de ello. La falta de un control interno efectivo, sumada a la ineficacia de los organismos externos, crea un caldo de cultivo propicio para la corrupción y el abuso de poder. La derogatoria del código, lejos de ser una simplificación normativa, representa un debilitamiento de las defensas del Estado contra la corrupción y un mensaje desalentador para aquellos que buscan una administración pública más transparente y responsable.
