El exviceministro de Salud, Brian Martín Erazo Muñoz, ha defendido su reciente nombramiento como médico general de guardia, calificando la publicación de LA PRENSA como una “publicación malintencionada” y un intento de “vulnerar su imagen”. La controversia surge a pocos días de la finalización del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, generando interrogantes sobre la asignación de plazas y nombramientos en la Secretaría de Salud durante los últimos meses de su administración.
Erazo, quien se desempeñó como viceministro en el gobierno de Castro, asegura que su nombramiento se enmarca dentro de sus derechos como profesional de la salud y niega haber acumulado cargos o salarios de manera indebida durante su gestión pública. En un pronunciamiento difundido a través de redes sociales, el exviceministro argumenta que ha enfrentado barreras injustificadas para ingresar al servicio público a pesar de contar con las competencias y credenciales necesarias, una situación que, según él, es común entre muchos profesionales jóvenes en Honduras.
“A pesar de nuestra vocación de servicio público, durante años muchos profesionales jóvenes enfrentamos barreras injustificadas para ingresar al servicio público, aun contando con las competencias, credenciales e interés necesarios”, escribió Erazo en su defensa. Además, enfatizó que su nombramiento se ajusta al Estatuto del Médico Empleado, que establece una jornada ordinaria de seis horas y un límite de 72 horas mensuales para las guardias (equivalentes a seis guardias).
El salario asociado a la plaza de médico general de guardia, según admitió el propio Erazo, asciende a 36,000 lempiras brutos, con una deducción que resulta en un ingreso neto de 29,000 lempiras. El exviceministro insiste en que toda esta información es verificable en los documentos públicos y que la nota de LA PRENSA busca descalificarlo sin fundamento.
Sin embargo, la reacción de Erazo se produce en un contexto más amplio de nombramientos y asignaciones de plazas con altos salarios a exfuncionarios de la Secretaría de Salud en los meses previos al fin del gobierno de Castro. Documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA Premium revelan un patrón que fuentes consultadas describen como un “intercambio de favores”.
Uno de los casos más destacados es el de la exministra de Salud, Carla Paredes, quien recibió una plaza como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario mensual de 105 mil lempiras, cuatro meses antes de presentar su renuncia. Otro caso involucra a la exviceministra Nerza Paz, quien fue nombrada como médico interino durante los primeros seis meses de 2025, percibiendo un sueldo de 95 mil lempiras a pesar de estar jubilada. La exsecretaria general Berta Hernández también figura en los registros administrativos con una plaza técnica y una remuneración mensual de 70 mil lempiras.
La asignación de estas plazas y nombramientos ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en el acceso a los puestos de trabajo en el sector salud. La oposición política ha exigido una investigación exhaustiva para determinar si se cometieron irregularidades y si se privilegió a exfuncionarios en detrimento de otros profesionales de la salud que podrían haber tenido derecho a estas plazas.
Erazo, por su parte, aprovechó la oportunidad para destacar el aumento en la asignación de plazas de médicos durante el gobierno de Castro, atribuyendo este logro a la “decisión política de la primera mujer Presidenta de la República”. Según el exviceministro, la asignación de plazas se multiplicó por más de cuatro, beneficiando a más de 5,000 colegas.
No obstante, este argumento no ha logrado disipar las dudas sobre la conveniencia y la legalidad de los nombramientos de última hora. La percepción generalizada es que se trató de una estrategia para asegurar el futuro laboral de exfuncionarios cercanos al gobierno saliente, utilizando los recursos públicos en beneficio propio.
La unidad especializada en investigación periodística de LA PRENSA continúa profundizando en este caso, analizando los documentos y recopilando testimonios para esclarecer las circunstancias en torno a la asignación de plazas y nombramientos en la Secretaría de Salud. Se espera que en los próximos días se publiquen nuevos informes con información adicional sobre este controvertido tema.
La situación plantea interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, así como de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo, especialmente en sectores estratégicos como la salud. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes ante las sospechas de corrupción y favoritismo que rodean estos nombramientos de última hora. El caso de Brian Erazo y otros exfuncionarios de la Secretaría de Salud se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la falta de rendición de cuentas que persisten en el sistema político hondureño.
