Una grave rotura en una tubería interna de la Estación de Tratamiento de Agua (ETA) Guandu, ubicada en Nova Igua u, en la Baixada Fluminense, ha provocado inundaciones masivas, destrucción de viviendas y vehículos, y una interrupción significativa en el suministro de agua potable para la capital y la región metropolitana de Río de Janeiro. El incidente, ocurrido en la tarde del jueves 5 de octubre, ha generado una crisis de gran magnitud que moviliza a las autoridades y pone en alerta a la población.
La rotura, cuyas causas aún se investigan, liberó un torrente de agua a gran presión que arrasó con todo a su paso. Imágenes impactantes que circulan en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, casas inundadas hasta el techo y automóviles volcados y destrozados. Testimonios de residentes relatan escenas de pánico y desesperación mientras intentaban salvar sus pertenencias y poner a salvo a sus familias.
La Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado (Cedae) informó que el sistema está operando actualmente al 50% de su capacidad, lo que significa que el suministro de agua se ha visto drásticamente reducido en 24 barrios de las zonas Oeste y Sudoeste de la ciudad de Río de Janeiro. La empresa estima que el plazo para la normalización completa del servicio será de 72 horas, aunque advierte que este tiempo podría variar dependiendo de la localidad y la complejidad de las reparaciones.
La magnitud del desastre ha obligado a las autoridades a declarar estado de emergencia en Nova Igua u y en los barrios afectados de Río de Janeiro. Equipos de bomberos, defensa civil y personal de Cedae trabajan sin descanso para evaluar los daños, asistir a los damnificados y reparar la tubería rota. Se han habilitado refugios temporales para albergar a las personas que han perdido sus hogares o que se encuentran en situación de riesgo.
El incidente ha generado una ola de críticas hacia la Cedae y las autoridades estatales, quienes son acusados de negligencia y falta de inversión en la infraestructura hídrica. La tubería rota, según denuncias de vecinos, presentaba grietas y signos de deterioro desde hace tiempo, pero no se habían tomado las medidas necesarias para prevenir el desastre.
Además de la crisis hídrica, la rotura de la tubería ha provocado graves problemas de movilidad en la región. Varias calles y avenidas han sido cerradas al tráfico debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra, lo que ha generado un caos en el transporte público y privado. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar desplazarse por las zonas afectadas y utilizar rutas alternativas.
En paralelo a la emergencia hídrica, las autoridades de Río de Janeiro se enfrentan a otros desafíos en materia de seguridad pública. En la Baixada Fluminense, se llevó a cabo una operación policial de gran envergadura en un presidio, donde se incautaron más de 600 teléfonos celulares y aproximadamente 17 kilogramos de material entorpecente. La operación, que busca combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, ha generado tensiones y enfrentamientos entre los reclusos.
Asimismo, el gobernador de Río de Janeiro ha sido conminado por el ministro de Justicia, Sergio Moro, a enviar a la Policía Federal las imágenes de la Operación Conten o, realizada en octubre pasado, en la que murieron 122 personas. La solicitud de Moro se basa en denuncias de abusos policiales y violaciones de derechos humanos durante la operación.
En otros acontecimientos relevantes, un anciano condenado por estupro de vulnerables fue arrestado en Rio das Ostras, después de fugarse de una prisión en S o Paulo. El hombre, que había sido sentenciado a 14 años de prisión, era considerado un peligro para la sociedad.
Por otro lado, un individuo involucrado en un estupro colectivo de una adolescente en la Baixada fue encontrado muerto. La policía también arrestó a otro sospechoso, quien se encontraba internado en un hospital de S o Jo o de Meriti con heridas.
La justicia también ha dictado prisión preventiva para una ciudadana argentina acusada de racismo contra empleados de un bar en Río de Janeiro. La mujer, identificada como Agostina Paez, está prohibida de abandonar Brasil y se enfrenta a una pena de hasta cinco años de reclusión.
La situación en Río de Janeiro es compleja y exige una respuesta rápida y eficaz por parte de las autoridades. La prioridad es garantizar el suministro de agua potable a la población, asistir a los damnificados por las inundaciones y restaurar la normalidad en las zonas afectadas. Sin embargo, también es fundamental investigar las causas del desastre en la ETA Guandu y tomar medidas para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. La infraestructura hídrica de Río de Janeiro necesita una inversión urgente y una gestión eficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes.
