El traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, impulsado por el gobierno de Javier Milei, se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de la oposición legal de los descendientes de Máximo Terrero y Manuela Rosas. La jueza Macarena Marra Giménez, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, desestimó la medida interina solicitada por la familia, argumentando la falta de una obligación jurídica vinculante que obligue a mantener la reliquia en el museo. Sin embargo, la magistrada habilitó una investigación de fondo y solicitó al Regimiento de Granaderos un informe detallado sobre las medidas de seguridad y conservación que se adoptarán para el sable.
La decisión judicial, firmada pocos días antes del acto programado para el 7 de febrero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, se basa en la interpretación del decreto 81/2026, firmado por el presidente Milei, y en la falta de pruebas contundentes que acrediten el vínculo de los demandantes con la familia Rosas. La jueza Marra Giménez consideró que la donación original, realizada en 1897 por Máximo Terrero, expresaba el deseo de que el sable fuera depositado en el museo, pero no impuso una obligación formal que limite la potestad del Poder Ejecutivo. Además, señaló que la reliquia ya había estado bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo durante 48 años, entre 1967 y 2015, sin objeciones formales de la familia.
Esta resolución ha generado una fuerte reacción tanto por parte de los descendientes de Rosas como de la comunidad cultural y académica. Nicolás Rechanik, abogado de la familia, expresó su preocupación por la seguridad del sable durante el traslado, describiendo la operación como un paseo en helicóptero que pone en riesgo la integridad de la reliquia. No es que solamente se está autorizando un traslado del Regimiento de Granaderos, se está autorizando que suban el sable a un helicóptero, que lo lleven a San Lorenzo a pasear. Yo no sé si la jueza se está haciendo responsable de la seguridad del sable o no , declaró a Infobae.
Candelaria Domínguez, miembro de la familia, manifestó su decepción por la decisión judicial, pero reafirmó su compromiso con la defensa del patrimonio cultural. Nosotros cuando iniciamos esto, lo iniciamos porque creemos que es lo correcto. Luego, ya no depende de nosotros. Depende de la justicia. En este caso, no darán lugar a la cautelar y seguirán con la cuestión de fondo de la causa , afirmó. Domínguez también advirtió sobre la responsabilidad del gobierno en la correcta preservación del sable, destacando su importancia enorme como símbolo patrio.
La controversia se centra en la interpretación de la donación con cargo realizada por Terrero, que los descendientes argumentan implicaba una obligación de exhibir el sable de forma permanente en un ámbito civil y cultural, como el Museo Histórico Nacional. Presentaron cartas históricas y escritos que, según ellos, respaldan esta interpretación. Sin embargo, la jueza Marra Giménez consideró que la donación no impuso una restricción formal al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de disponer sobre el destino de los bienes del Estado.
El traslado del sable ha provocado la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar, directora saliente del Museo Histórico Nacional, en señal de protesta. La decisión del gobierno ha sido calificada como completamente errada por Mercedes Terrero, otra descendiente de Rosas, y como una apropiación política del símbolo patrio por Candela Domínguez en declaraciones a la Revista Anfibia.
El gobierno, por su parte, defiende el traslado como un acto de reparación histórica, de orden institucional y de profundo respeto por la voluntad del Libertador y por los símbolos fundacionales de la Nación , según declaraciones de Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa. Argumentan que el sable perteneció originalmente al Regimiento de Granaderos a Caballo y que su retorno a ese ámbito militar recupera el contexto histórico propio de la reliquia.
La jueza Marra Giménez ha solicitado al Regimiento de Granaderos un informe detallado sobre el destino del sable en su sede, las medidas de seguridad y protección que se adoptarán para su conservación y las condiciones de su exposición pública. El Ejecutivo dispone de cinco días para presentar la documentación requerida.
El expediente judicial continúa abierto, a la espera de informes adicionales y nuevas pruebas. La jueza también ha solicitado la opinión de organismos especializados como la Comisión Nacional de Museos y el Centro TAREA de la Universidad Nacional de San Martín, cuyos dictámenes serán cruciales para la resolución final del caso.
El debate sobre el traslado del sable de San Martín trasciende la esfera jurídica y se inscribe en un contexto más amplio de discusión sobre la apropiación de los símbolos históricos argentinos y la relación entre el Estado y los donantes de bienes patrimoniales. La decisión judicial de la jueza Marra Giménez no resuelve la disputa de fondo, pero permite que el traslado se lleve a cabo mientras se continúa investigando la validez legal de la medida. El futuro del sable corvo de San Martín, su custodia y su acceso público siguen siendo inciertos, y el debate político y cultural en torno a su destino continúa encendido. El acto de traslado, programado para el 7 de febrero, podría ser el preludio de una batalla legal más prolongada y compleja.
