La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, considerado el principal cabecilla de una red corrupta que habría estafado al Estado dominicano por más de 14 mil millones de pesos. Estos fondos, cruciales para el funcionamiento del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), estaban destinados a cubrir los servicios sanitarios de más de 7 millones de afiliados. La decisión judicial, recibida con beneplácito por el Ministerio Público, representa un avance significativo en la denominada Operación Cobra , una investigación que promete desentrañar un entramado de corrupción de gran envergadura.
El procurador adjunto Wilson Camacho, líder del equipo de fiscales que llevó el caso ante la Corte de Apelación, enfatizó la solidez de la investigación y la gravedad de las acusaciones. Una vez más, un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven este proceso , declaró Camacho tras conocerse la resolución. Subrayó la calamitosa situación que representa la afectación al SeNaSa, un seguro de salud vital para millones de dominicanos, y argumentó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público justificaban plenamente la imposición de la prisión preventiva.
La ratificación de la medida de coerción no se limita a Hazim Albainy. La Corte también desestimó los recursos de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera, confirmando la prisión preventiva de 18 meses impuesta previamente por el juez Rigoberto Sena Ferreras de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esta decisión demuestra, según Camacho, que la justicia está actuando con firmeza para garantizar que todos los implicados en este esquema corrupto rindan cuentas ante la ley.
Camacho fue enfático al señalar que la Operación Cobra no se detendrá con estas primeras detenciones y medidas de coerción. Habrá tantas vueltas de Operación Cobra como lo amerite el caso , afirmó, anticipando una segunda fase de la investigación ( versión 2.0 ) que se centrará en identificar y procesar a todos los participantes del entramado, sin importar su posición o influencia. Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra , aseguró.
La defensa de Santiago Hazim intentó argumentar la inconstitucionalidad del artículo 377 del Código Procesal Penal, buscando invalidar la prisión preventiva. Sin embargo, el pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó este argumento, señalando que la defensa incurría en un error al pretender limitar la duración de la prisión preventiva al plazo de la investigación. Los jueces explicaron que la prisión preventiva tiene como objetivo principal asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluyendo la etapa intermedia y el juicio, y no solo garantizar la recolección de pruebas.
El tribunal recordó que, si bien el Tribunal Constitucional reconoce la naturaleza dinámica y revisable de la prisión preventiva, esto no implica una anulación del límite legal de 18 meses. En este sentido, la supuesta desproporción alegada por la defensa de Hazim fue considerada inexistente, reafirmando la legalidad de la medida de coerción impuesta.
Además de la prisión preventiva para los principales acusados, el juez Sena Ferreras también impuso arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes son procesados como parte del mismo entramado corrupto. Estas medidas buscan asegurar que estos coacusados no obstaculicen la investigación y estén disponibles para comparecer ante la justicia.
La magnitud del fraude al SeNaSa ha generado indignación en la opinión pública dominicana. La pérdida de 14 mil millones de pesos representa un duro golpe para el sistema de salud pública y pone en riesgo la calidad de los servicios ofrecidos a millones de afiliados. El Ministerio Público ha prometido recuperar los fondos robados y llevar a todos los responsables ante la justicia, enviando un mensaje claro de tolerancia cero contra la corrupción.
La Operación Cobra se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. La determinación del Ministerio Público, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y el respaldo de los tribunales, han generado expectativas de que se pueda hacer justicia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La investigación continúa en curso, y se espera que en las próximas semanas se revelen nuevos detalles sobre este complejo caso de corrupción que ha sacudido los cimientos del sistema de salud dominicano. La promesa de Camacho de que todo el que haya participado en este entramado se presentará ante los tribunales es un mensaje contundente que busca disuadir a otros posibles implicados y garantizar que la justicia prevalezca.
