La noche de este miércoles, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba se vio sacudido por un nuevo y preocupante colapso parcial, sumiendo a gran parte del oriente de la isla en la oscuridad. La Unión Eléctrica (UNE) informó que el incidente, ocurrido poco antes de las 9:00 PM, se originó por un fallo en la subestación Holguín 220 kV, desencadenando una cascada de desconexiones que afectaron severamente a varias provincias.
Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron completamente sin servicio eléctrico, mientras que parte del territorio holguinero también se vio afectado. La caída regional provocó la salida de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, principal bloque de la zona oriental, así como de las dos unidades de Renté que se encontraban operativas y los motores fuel de Moa. La UNE aseguró estar trabajando en los protocolos de restauración para el arranque y sincronización de las plantas afectadas, buscando restablecer el suministro a las áreas sumidas en la oscuridad.
Este nuevo colapso se suma a una creciente lista de fallas en el SEN. En apenas dos meses, se trata del segundo incidente de esta magnitud, recordando la caída parcial ocurrida a inicios de diciembre que afectó a provincias del occidente. En poco más de un año, desde la segunda mitad de 2024, el sistema eléctrico cubano ha experimentado varias desconexiones parciales y cinco totales, algunas de las cuales requirieron días para ser solucionadas.
La situación se agrava en un contexto de profunda crisis energética en Cuba, exacerbada por las dificultades en el acceso a combustibles, un problema que el gobierno cubano atribuye al asedio petrolero impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, muchos analistas coinciden en que la raíz del problema reside en la obsolescencia y sobreexplotación de la infraestructura eléctrica del país.
Los datos disponibles sugieren que el número de motores fuera de servicio ha alcanzado niveles máximos en los últimos días, superando los 1.000 MW. Expertos independientes señalan que la crisis energética, que se ha ido intensificando durante años, es consecuencia de una infrafinanciación crónica del sector eléctrico por parte del Estado. Se estima que se necesitarían entre 8 mil y 10 mil millones de dólares para modernizar y sanear el sistema eléctrico cubano.
El gobierno cubano, por su parte, insiste en que las sanciones estadounidenses a la industria energética son un factor determinante en la crisis, acusando a Washington de ejercer una asfixia energética sobre la isla. Esta postura choca con el análisis de muchos expertos, quienes argumentan que la falta de inversión y el mantenimiento deficiente son los principales responsables de la precaria situación del SEN.
Los prolongados y frecuentes apagones tienen un impacto devastador en la economía cubana, que ya se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. La interrupción del suministro eléctrico afecta a todos los sectores productivos, desde la industria hasta la agricultura, pasando por el turismo. Además, los apagones han sido un catalizador de las protestas ciudadanas de los últimos años y han contribuido a la creciente ola migratoria que enfrenta el país.
La situación es particularmente crítica para la población, que se ve obligada a enfrentar largas horas sin electricidad, lo que dificulta las tareas cotidianas, afecta la salud y genera un clima de incertidumbre y frustración. La falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, que depende del suministro eléctrico para su bombeo, agrava aún más la situación.
La UNE ha informado que se están realizando esfuerzos para estabilizar el sistema y restablecer el suministro eléctrico lo antes posible. Sin embargo, la complejidad de la infraestructura y la falta de recursos dificultan la tarea. La dependencia de plantas termoeléctricas obsoletas y la limitada capacidad de generación de energía renovable hacen que el SEN sea vulnerable a fallas y colapsos.
El futuro del sistema eléctrico cubano es incierto. La necesidad de una inversión masiva en modernización y mantenimiento es evidente, pero la falta de recursos financieros y la persistencia de las sanciones estadounidenses dificultan la búsqueda de soluciones. Mientras tanto, la población cubana sigue sufriendo las consecuencias de una crisis energética que amenaza con prolongarse en el tiempo. La situación exige una respuesta urgente y coordinada, que involucre al gobierno, al sector privado y a la comunidad internacional, para evitar un colapso aún mayor del sistema eléctrico y garantizar el acceso a un servicio esencial para el desarrollo y el bienestar de la nación. La pregunta que muchos se hacen es si este colapso es simplemente un síntoma de los problemas estructurales del sistema, o si marca el punto de inflexión hacia una crisis aún más profunda.
