El Consejo Nacional Electoral (CNE) asestó un duro golpe al Pacto Histórico al anular la inscripción de su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, sumándose a la controversia generada por la reciente decisión sobre la participación de Iván Cepeda y la consulta interpartidista de la izquierda. La decisión, similar a la ya tomada con la lista del Valle del Cauca, se basa en la presunta superación del límite del 15% de los votos válidos obtenidos en las elecciones de 2022, un tope constitucional para la conformación de alianzas entre partidos políticos.
El CNE argumenta que la coalición entre el Pacto Histórico y la Colombia Humana excedió el porcentaje permitido, impidiendo legalmente que presenten una lista unificada en la capital del país. Esta medida afecta directamente a candidatos clave del partido de gobierno que aspiraban a la reelección, así como a nuevas figuras que buscaban ingresar al Congreso. Entre los nombres que se ven impactados se encuentran las actuales representantes María Fernanda Carrascal (cabeza de lista), María del Mar Pizarro, Heráclito Landinez y Laura Daniela Beltrán, además de la influencer conocida como Lalis , quien se había postulado por primera vez a una curul.
La reacción de la representante Carrascal no se hizo esperar, calificando las interpretaciones del CNE como absolutamente delirantes y contrarias al espíritu del derecho constitucional, que busca promover la participación política y no restringirla . Carrascal y otros miembros del Pacto Histórico denuncian una interpretación restrictiva de la ley que podría poner en riesgo la representación de diversas fuerzas políticas en el Congreso.
El presidente Gustavo Petro también alzó su voz en defensa del Pacto Histórico, denunciando un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido . A través de su cuenta en la red social X, el mandatario instó a los juristas colombianos a interponer una acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención americana . En un mensaje posterior, Petro fue aún más contundente, calificando la situación como un golpe electoral (...) contra la constitución y la democracia .
La controversia se extiende a otras listas del Pacto Histórico en diferentes departamentos. Nicolás Farfán, exregistrador delegado para lo electoral, había solicitado al CNE revisar la legalidad de las listas no solo en Bogotá y Valle del Cauca, sino también en Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Vichada y la circunscripción internacional. Esta solicitud sugiere una estrategia más amplia para cuestionar la validez de las inscripciones del Pacto Histórico a nivel nacional.
La decisión del CNE ha generado un debate sobre la interpretación de las normas electorales y el alcance de las alianzas políticas en Colombia. Algunos expertos argumentan que el límite del 15% de los votos válidos es una barrera injusta que dificulta la participación de partidos minoritarios y limita la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Otros, en cambio, defienden la necesidad de establecer límites para evitar la fragmentación del sistema político y garantizar la estabilidad de las coaliciones.
La anulación de la lista a la Cámara por Bogotá representa un revés significativo para el Pacto Histórico, especialmente en un momento en que el gobierno enfrenta desafíos en el Congreso y busca consolidar su agenda legislativa. La pérdida de candidatos con experiencia y el impacto en la imagen del partido podrían afectar sus posibilidades de obtener una representación significativa en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.
La situación también plantea interrogantes sobre el futuro de la consulta interpartidista de la izquierda, que busca elegir a los candidatos que representarán a las diferentes fuerzas progresistas en el Congreso. La exclusión de Iván Cepeda de esta consulta, así como las decisiones del CNE sobre las listas del Pacto Histórico, podrían generar tensiones internas y dificultar la construcción de una estrategia unificada para las elecciones.
El gobierno Petro ha denunciado una persecución política por parte de sectores conservadores y de la oposición, acusándolos de utilizar el CNE y otras instituciones para obstaculizar su agenda y debilitar su apoyo popular. Estas acusaciones han intensificado la polarización política en el país y han generado un clima de incertidumbre en torno a las elecciones legislativas.
La decisión del CNE sobre la lista del Pacto Histórico por Bogotá seguramente será objeto de recursos y apelaciones en los próximos días. La batalla legal podría prolongarse hasta después de las elecciones, lo que podría generar aún más controversia y afectar la legitimidad de los resultados. La situación pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema electoral transparente y eficiente, que garantice el derecho a la participación política y el respeto a la voluntad popular.
La anulación de la lista también ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el sistema electoral colombiano, con el objetivo de hacerlo más inclusivo y representativo. Algunos sectores proponen eliminar el límite del 15% de los votos válidos para la conformación de alianzas, mientras que otros sugieren establecer mecanismos de representación proporcional más justos y equitativos. La discusión sobre estas propuestas seguramente continuará en los próximos meses, en el marco de un debate más amplio sobre el futuro de la democracia en Colombia.
