Nueva York, 30 de enero de 2026 – La gobernadora Kathy Hochul ha presentado un ambicioso proyecto de ley destinado a limitar drásticamente la cooperación entre las fuerzas policiales estatales de Nueva York y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa, denominada “Policías Locales, Delitos Locales”, busca proteger a los residentes del estado de las políticas migratorias consideradas agresivas y, en muchos casos, abusivas, implementadas durante la administración Trump y que persisten bajo la actual administración federal.
El proyecto de ley representa una respuesta directa a las crecientes preocupaciones sobre el uso de recursos policiales estatales para hacer cumplir leyes de inmigración federales, una práctica que, según la gobernadora Hochul, desvía la atención de las fuerzas del orden de su misión principal: garantizar la seguridad pública de los neoyorquinos. Hochul denunció públicamente los “graves abusos” cometidos por agentes federales bajo el pretexto de la seguridad pública, enfatizando que Nueva York no tolerará la utilización de sus policías locales como herramientas para la aplicación de leyes de inmigración civiles.
La propuesta legislativa no solo impide a los agentes de ICE utilizar a la policía estatal para realizar arrestos o detenciones relacionadas con la inmigración, sino que también prohíbe el uso de cárceles y centros de detención locales como puntos de partida para operativos masivos contra residentes del estado. Esta última medida busca evitar la creación de un clima de miedo y desconfianza dentro de las comunidades inmigrantes, que a menudo se ven paralizadas por el temor a ser objeto de deportación.
Además de estas prohibiciones directas, el proyecto de ley busca restablecer protecciones cruciales en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales y templos religiosos. Estas áreas serían designadas como “zonas seguras” donde los agentes de ICE no podrían realizar arrestos o detenciones sin una orden judicial explícita. La iniciativa también refuerza la exigencia de una orden judicial para que el ICE pueda ingresar a viviendas particulares, protegiendo así la privacidad y los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Un componente clave del proyecto de ley es la creación de mecanismos legales que permitan a los ciudadanos demandar a funcionarios federales en caso de que se violen sus derechos durante la aplicación de las leyes de inmigración. Esta disposición busca brindar a las víctimas de abusos policiales una vía para buscar justicia y responsabilizar a los agentes federales por sus acciones.
La Legal Aid Society ha expresado su firme apoyo al proyecto de ley, calificándolo como un “avance significativo” en la protección de los derechos de los inmigrantes. La organización destacó que las medidas propuestas fortalecen las garantías constitucionales y brindan una mayor protección contra la extralimitación del Gobierno federal. “Esta legislación es esencial para garantizar que los inmigrantes en Nueva York puedan vivir y trabajar sin temor a ser injustamente detenidos o deportados”, declaró un portavoz de la Legal Aid Society.
El conflicto entre las autoridades locales y el Gobierno federal en materia de inmigración se ha intensificado en los últimos años, especialmente en estados y ciudades gobernadas por demócratas. El despliegue de agentes federales ordenado por la administración Trump en ciudades como Portland y Mineápolis generó protestas masivas y, en algunos casos, enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden. Los incidentes en Mineápolis, donde las protestas contra los operativos migratorios derivaron en víctimas mortales, pusieron de manifiesto la tensión existente y la necesidad de una mayor regulación en la aplicación de las leyes de inmigración.
Paralelamente a la presentación del proyecto de ley en Nueva York, han surgido informes preocupantes sobre los esfuerzos del Gobierno federal por expandir su capacidad de detención de migrantes. Según una investigación reciente de Bloomberg, la administración actual está en proceso de adquirir más de 20 bodegas en distintos puntos del país y convertirlas en centros de detención para migrantes. Algunas de estas instalaciones, que anteriormente funcionaban como almacenes logísticos, están siendo adaptadas para albergar a miles de personas. El centro de detención más grande, ubicado en Hutchins, Texas, tendría una capacidad para albergar a unos 9.500 detenidos.
Estos esfuerzos por expandir la capacidad de detención se producen en un momento en que la administración federal ha alcanzado cifras récord de migrantes detenidos, con decenas de miles de personas bajo custodia. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones inhumanas en algunos de estos centros de detención, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica adecuada y abusos físicos y verbales. Estas organizaciones han solicitado el cierre de algunos centros y han pedido una reforma integral del sistema de detención de migrantes.
La presentación del proyecto de ley en Nueva York se produce en un contexto de creciente debate nacional sobre la política migratoria y el papel del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. La iniciativa de la gobernadora Hochul se suma a una serie de medidas adoptadas por estados y ciudades demócratas para proteger a sus comunidades inmigrantes y limitar la cooperación con ICE. Se espera que el proyecto de ley genere un intenso debate en la legislatura estatal y que su aprobación pueda sentar un precedente para otros estados que buscan proteger los derechos de sus residentes inmigrantes. La votación final se espera para finales de la primavera de 2026, con un resultado incierto dado el equilibrio de poder en la legislatura estatal.
