Ciudad de México – La reciente prohibición total de la comercialización de vapeadores en México, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado una preocupante consecuencia no intencionada: la consolidación del control del crimen organizado sobre este lucrativo mercado, valorado en 1.500 millones de dólares anuales. Lo que comenzó como una medida de salud pública, con el objetivo de proteger a la juventud mexicana, se está transformando en un caldo de cultivo para la extorsión, la violencia y el financiamiento de actividades ilícitas por parte de los cárteles.
La historia de un joven emprendedor de 27 años, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, ilustra la brutal realidad que enfrentan los comerciantes del sector. A principios de 2022, antes de que la prohibición fuera total, dos empleados de su tienda de vapeadores en el norte de México fueron secuestrados por miembros de un cártel. Les vendaron los ojos, los ataron y exigieron hablar con los dueños para comunicarles, sin margen de negociación, que su negocio pasaba a ser controlado por ellos. La única opción permitida era la venta en línea, pero fuera del estado, una condición que limitaba drásticamente su capacidad operativa.
“No llegan preguntándote si quieres o no, llegan diciéndote lo que está a punto de ocurrir”, relató el joven desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliado. Su caso no es aislado. Alejandro Rosario, un abogado que representa a comerciantes del sector, ha documentado numerosos incidentes de intimidación, extorsión y violencia en estados como Sonora y Sinaloa, donde los cárteles están aprovechando el vacío legal para expandir su influencia.
La prohibición, que entró en vigor este mes, ha sido criticada por expertos como Zara Snapp, directora del Instituto Ría, quien advierte que “al prohibir estás regalando el mercado a grupos no estatales” en un país ya afectado por altos niveles de corrupción y violencia. La medida, además, presenta una oportunidad estratégica para los cárteles, que pueden utilizar los ingresos generados por la venta de vapeadores para financiar otras actividades criminales, como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
El mercado de vapeadores se ha vuelto particularmente atractivo para los cárteles debido a su “poca visibilidad” ante las autoridades estadounidenses, donde el vapeo es legal y regulado. Esto permite a los cárteles generar ingresos sin llamar la atención de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que están enfocadas en combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) comenzó a emitir alertas sanitarias sobre los riesgos del vapeo después de intoxicaciones ocurridas en Estados Unidos. En 2021, el presidente prohibió la importación de vapeadores por decreto y, a mediados de 2022, su comercialización. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la prohibición era inconstitucional, lo que llevó al gobierno a modificar la Constitución para incluir los vapeadores en el mismo párrafo que el fentanilo, una medida considerada desproporcionada por muchos abogados y científicos.
A pesar de la prohibición constitucional, los vapeadores continuaron entrando a México desde China y Estados Unidos, y se vendían en establecimientos legales o a través de páginas web, debido a la falta de leyes secundarias que concretaran la prohibición. Las autoridades realizaron algunos decomisos importantes, como el de 130.000 vapeadores en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero la falta de una regulación clara y efectiva permitió que el mercado negro floreciera.
La aprobación en diciembre pasado de la ley que prohíbe la venta, importación, distribución y fabricación de vapeadores, con penas de hasta ocho años de prisión, marcó un punto de inflexión. Aldo Martínez, dueño de una tienda en Ciudad de México, se vio obligado a dejar de vender los dispositivos, que representaban dos tercios de sus ingresos. Sin embargo, teme que las autoridades le “planten” vapeadores en su tienda para luego extorsionarlo, una práctica común entre la policía mexicana.
La ambigüedad de la ley, que no especifica la cantidad de vapeadores que se pueden poseer para consumo personal, también ha generado preocupación entre las organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de corrupción y extorsión. Juan José Cirión Lee, abogado y presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, ya está preparando recursos legales para impugnar las nuevas normativas, que considera llenas de contradicciones y ambigüedades.
Mientras se fraguaba la prohibición total, el crimen organizado se apoderaba poco a poco del sector en los estados del norte de México y en las principales ciudades del país, marcando sus productos con sellos o calcomanías para distinguirlos, una práctica similar a la utilizada en las pastillas de fentanilo. Rosario relató casos de comerciantes en Sinaloa que optaron por vender mercancía suministrada por el cártel para evitar problemas con las autoridades.
El joven que perdió sus tiendas en el norte de México asegura que él y su socio recibieron algo de dinero por las tiendas, pero los siguieron contactando para que les explicaran cómo funcionaba el sector. “Obviamente si esas personas te piden algo tú se lo vas a dar” porque saben todo de ti y de tu familia, señaló. Ahora están cerrando su negocio en línea porque no quieren tener que elegir entre el narco o las nuevas penas de cárcel.
Un veterano comerciante de Ciudad de México contó cómo clientes suyos fueron intimidados por la delincuencia por haber comprado en su web y que uno de sus proveedores ya vendió su stock a los criminales. Los vapeadores desechables, por ser los más populares y baratos, son los favoritos de la delincuencia.
Un reciente informe de la ONG mexicana Defensorxs afirma que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ya tiene “empresas dedicadas al reempaque de vapeadores de origen asiático” y al menos otros tres grupos, el Cártel de Sinaloa y grupos locales en Acapulco o el capitalino Unión Tepito también operan en el mercado negro del vapeo además de estar involucrados en el contrabando de tabaco.
La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, defendió el decomiso de más de 50.000 vapeadores en el zócalo de la capital, argumentando que buscaba la protección de la juventud mexicana, el mismo argumento que ha utilizado la presidenta Sheinbaum para justificar la nueva ley. Sin embargo, para Cirión Lee, la medida es contraproducente. Ahora, según él, el que “te va a vender vapeadores es el que vende cocaína, fentanilo, marihuana”.
Las experiencias internacionales son mixtas. En Brasil, el vapeo está prohibido desde 2009, pero el consumo prolifera entre los jóvenes. En Estados Unidos, el vapeo en adolescentes cayó en 2024 al nivel más bajo en una década en un entorno cada vez más regulado.
Zara Snapp considera que la medida del gobierno mexicano es un retroceso y elimina una alternativa para reducir el tabaquismo, que causa millones de muertes y cuesta miles de millones a la salud pública. Algunos consumidores están haciendo “compras de pánico” porque ya no tendrán donde adquirir legalmente sus dispositivos, mientras que otros vendedores esperan sobrevivir en la sombra, como un joven de la frontera norte que aspira a pasar desapercibido operando desde su celular. La prohibición, lejos de resolver el problema, ha abierto una nueva oportunidad para el crimen organizado y ha puesto en riesgo a los comerciantes y consumidores del sector.
