Tallahassee, Florida – Cientos de activistas ambientales se congregaron este jueves en la capital de Florida para presionar a los legisladores estatales en apoyo de una propuesta de ley que podría restringir significativamente la construcción y operación de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en el estado. La inusual alianza entre ambientalistas y un legislador republicano desafía directamente una orden reciente del expresidente Donald Trump que busca impedir regulaciones estatales sobre esta tecnología emergente.
La propuesta, identificada como HB1007, busca prohibir la instalación de centros de datos de hiperescala en zonas agrícolas, áreas de conservación ambiental, distritos de uso mixto y zonas residenciales. La preocupación central radica en el impacto desproporcionado que estos centros de datos tienen sobre los recursos públicos esenciales, como el agua y la electricidad, así como en el potencial aumento de las tarifas para los consumidores.
La movilización en Tallahassee incluyó a jóvenes activistas que viajaron desde diversas partes del estado para reunirse con congresistas estatales y expresar su apoyo a la HB1007. Angie Álvarez, colaboradora de The Cleo Institute, una de las organizaciones participantes, fue contundente al señalar que los centros de datos de IA “consumen demasiados recursos” y, por lo tanto, “no pueden” operar en Florida, un estado caracterizado por la escasez de recursos naturales y la dependencia de su población de estos.
“Las comunidades son las primeras afectadas, principalmente porque, como sabemos, los centros de datos consumen los recursos, que son el agua, la energía. Y no es una cosa de: ‘oh, eso es lo que va a pasar (en el futuro)’, sino es lo que está pasando ahora”, explicó Álvarez en una entrevista con EFE. Su declaración refleja una creciente preocupación por los efectos inmediatos y tangibles del auge de la IA en la infraestructura y los recursos de Florida.
La batalla contra los centros de datos de IA no es exclusiva de Florida. A nivel nacional, los ambientalistas han intensificado su oposición a estos proyectos, destacando su huella ambiental significativa. Según Data Center Map, actualmente existen aproximadamente 3.952 centros de datos en Estados Unidos, con una concentración notable en Virginia (568), Texas (392), California (288) e Illinois (206). Florida, con 107 centros de datos, se está convirtiendo rápidamente en un punto focal de esta controversia.
La creciente demanda de potencia computacional impulsada por la IA ha llevado a la construcción de centros de datos de hiperescala, instalaciones que albergan al menos 5.000 servidores y pueden ocupar más de 92.000 metros cuadrados, según un informe del Pew Research Center. Estas infraestructuras masivas consumen cantidades alarmantes de recursos. El Environmental and Energy Study Institute (EESI) estima que un solo centro de datos puede consumir diariamente el equivalente al agua utilizada por 50.000 personas. La Agencia Internacional de Energía (IEA) predice que el consumo de electricidad de estos centros de datos podría aumentar hasta en 20 veces en los próximos años.
Álvarez advierte sobre las consecuencias de esta tendencia: “Podemos ver noticias de los centros de datos que están a lo largo de los Estados Unidos y cómo las comunidades ni siquiera pueden abrir el grifo y tener un buen flujo de agua porque no hay agua, entonces esos son los efectos que estamos pasando ahorita”. Su testimonio subraya la urgencia de abordar el problema antes de que la escasez de recursos se agrave.
La lucha contra los abusos de la IA y el aumento de las tarifas de energía está siendo impulsada a nivel local por organizaciones como Poder Latinx, que tiene presencia en Florida, Arizona, Georgia, Texas, California y otros estados. Alejandro Florez, coordinador nacional de EcoPoder de Poder Latinx, enfatizó la importancia de esta lucha para la comunidad latina, que es particularmente vulnerable a los impactos económicos y ambientales de estos proyectos.
“Es muy importante porque esto es un tema que nos afecta a todos, no importa la raza, religión o partido político y la comunidad latina está incluida”, explicó Florez, quien también participó en las reuniones en Tallahassee junto con jóvenes de Miami, Jacksonville y Tampa.
Sorprendentemente, la legislación ha encontrado un apoyo bipartidista en Florida, con el representante Phillip Wayne Griffitts, del Partido Republicano, como su principal impulsor. Esta apertura al diálogo y la colaboración es un factor clave en el potencial éxito de la HB1007.
El gobernador republicano Ron DeSantis también ha manifestado su intención de regular la IA, a pesar de la orden de Trump que aboga por una normativa federal única. En diciembre, DeSantis anunció que insistirá en la regulación de la IA a nivel estatal, lo que indica una determinación de proteger los intereses de Florida y sus ciudadanos.
En las reuniones en Tallahassee, Florez y otros activistas presentaron a los legisladores la necesidad de trabajar en conjunto con la comunidad para regular la construcción de centros de datos de manera responsable. “No para pararlo, porque obviamente todos estamos a favor del progreso, pero hacerlo de una manera controlada sin que nos afecte a los precios de la energía de la comunidad y que nos quiten los recursos como el agua”, expresó Florez.
La situación en Florida representa un punto de inflexión en el debate nacional sobre la regulación de la IA. La propuesta HB1007, respaldada por una coalición diversa de activistas y legisladores, podría sentar un precedente importante para otros estados que buscan equilibrar el progreso tecnológico con la protección del medio ambiente y el bienestar de sus comunidades. El futuro de la IA en Florida, y posiblemente en todo el país, pende de un hilo.
