Quito, Ecuador – Una ola de allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la madrugada de este 28 de enero de 2026, ha desatado una fuerte reacción por parte de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa. Las operaciones, enmarcadas en la investigación del caso ‘Caja Chica’, apuntan a presunto lavado de activos y financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, generando acusaciones de persecución política y un clima de tensión en el panorama ecuatoriano.
Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en cuatro inmuebles: tres en la provincia de Pichincha y uno en Guayas. Entre los lugares registrados se encuentra la residencia de Luisa González, excandidata presidencial y ex presidenta de RC, así como el domicilio y las oficinas del asambleísta Patricio Chávez. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, busca evidencias que vinculen a miembros del movimiento con la recepción de fondos ilícitos provenientes de Venezuela, supuestamente destinados a financiar la campaña electoral de González.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles específicos sobre las pruebas recolectadas ni han anunciado detenciones. Sin embargo, la sola ejecución de los allanamientos ha provocado una respuesta inmediata y contundente por parte de la RC. Asambleístas y simpatizantes se congregaron en la sede del movimiento en Quito para expresar su rechazo a lo que consideran una “persecución” y una “injusticia”.
Luisa González, visiblemente desafiante, se pronunció tras el allanamiento en su domicilio. Calificó la investigación como un “honor” y reafirmó su disposición a enfrentar cualquier proceso judicial de manera frontal. Recordó un reto público lanzado al presidente Daniel Noboa en 2024, instándolo a presentar pruebas sobre supuestas conexiones con el “cartel de los soles”, un desafío que, según González, nunca fue respondido.
“Ni yo ni la Revolución Ciudadana hemos recibido dinero de Venezuela, del cartel de los soles ni de ninguna otra fuente ilícita”, declaró González con firmeza. Subrayó que su organización fue la única fuerza política que cumplió con la obligación de presentar los informes de financiamiento de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionando la transparencia de otros movimientos que, según ella, no lo hicieron.
González también planteó interrogantes sobre los criterios de la Fiscalía para llevar a cabo los allanamientos. Señaló que la investigación se centra en el financiamiento de una campaña en la que ella fue candidata, pero se preguntó si las diligencias se dirigen a su persona por su condición de postulante o por haber presidido el partido. En este último caso, argumentó que la responsabilidad de administrar los recursos del movimiento recaía en Marcela Aguiñaga, quien era la presidenta en ese período. "¿Existe algún proceso en su contra?", inquirió, sugiriendo que se trata de una persecución selectiva.
Por su parte, el asambleísta Patricio Chávez, cuyo domicilio y oficinas también fueron allanados, se mostró dispuesto a colaborar con la investigación, pero denunció la falta de claridad en los motivos de la diligencia. Además, criticó la difusión de imágenes del operativo en redes sociales institucionales, incluyendo fotografías suyas en ropa interior, calificándola como un intento de generar morbo y dañar su reputación.
Chávez afirmó que, al no encontrar elementos relevantes en su inmueble, los agentes intentaron retener su pasaporte y los de su esposa e hijos, una medida que consideró desproporcionada y violatoria de derechos. Reiteró su inocencia y exigió que las investigaciones se realicen con respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas involucradas.
La Fiscalía, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en relación con el caso, limitándose a confirmar la ejecución de los allanamientos y a informar que la investigación se centra en la presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. No ha ofrecido detalles sobre las pruebas que sustentan la acusación ni sobre la posible participación de otros individuos.
Este caso se produce en un contexto político polarizado en Ecuador, marcado por la confrontación entre el gobierno de Daniel Noboa y la oposición, liderada por la RC. La investigación del caso ‘Caja Chica’ podría tener importantes implicaciones para el futuro político de Luisa González y de la Revolución Ciudadana, así como para la estabilidad del país.
La oposición ha denunciado que el gobierno de Noboa está utilizando la Fiscalía como herramienta para perseguir a sus adversarios políticos, mientras que el oficialismo defiende la independencia del Ministerio Público y asegura que la investigación se está llevando a cabo de acuerdo con la ley.
El caso ‘Caja Chica’ ha generado un debate nacional sobre la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir el lavado de activos. La ciudadanía espera que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y que se esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados, independientemente de su afiliación política.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la Revolución Ciudadana y su capacidad para mantener su influencia en el panorama político ecuatoriano. La respuesta de la RC a esta crisis podría determinar su rumbo en los próximos años. El desarrollo de la investigación y las decisiones que tome la Fiscalía serán cruciales para determinar el desenlace de este controvertido caso.
