El Gobierno de Chile llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero el mayor desalojo de familias en la historia del país. Unas 2.000 familias serán desalojadas de la denominada "Megatoma de San Antonio", ubicada en el cerro Centinela de la ciudad de Valparaíso.
El plan del Gobierno contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas en el terreno privado, para dar una solución habitacional a 3.700 familias que se constituyeron en 40 cooperativas. Sin embargo, antes de poder implementar este plan, es necesario proceder con el desalojo de las 2.000 familias que actualmente residen en el predio.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), calificó este proceso como "el más amplio que se ha desarrollado hasta ahora en nuestro país". Según el ministro, los detalles del operativo no han sido revelados públicamente para evitar que se dificulte el proceso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
"Aquí, de la mano con el proceso de desalojo y cumplimiento irrestricto a la sentencia de los tribunales, vamos a llevar adelante también el desarrollo de un plan de solución habitacional", explicó Elizalde. Sin embargo, el ministro advirtió a los vecinos que serán desalojados que deben salir de esos lugares, o de lo contrario "se va a operar con la acción de la fuerza pública, como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo".
La "Megatoma de San Antonio" se ha convertido en uno de los asentamientos informales más grandes de la región de Valparaíso, con familias que llevan años viviendo en condiciones precarias en este terreno privado. El Gobierno ha intentado durante mucho tiempo encontrar una solución a esta situación, pero los intentos anteriores de desalojo han sido complicados y han generado tensiones con los residentes.
Este nuevo y masivo desalojo, considerado el más grande en la historia de Chile, representa un desafío importante para el Gobierno, que deberá lidiar no solo con la ejecución del operativo, sino también con las consecuencias sociales y humanitarias que este proceso conlleva. Las autoridades han prometido ofrecer soluciones habitacionales a las familias afectadas, pero la magnitud del problema y la complejidad de la situación hacen que este sea un proceso delicado y que requerirá un manejo cuidadoso por parte del Gobierno.
