El Congreso de la República aprobó una modificación clave a la Ley Universitaria (Ley 30220) que impactará en la carrera docente a nivel nacional. A partir de ahora, los profesores universitarios nombrados que no cuenten con maestría ni doctorado podrán continuar dictando clases, siempre y cuando hayan ingresado al sistema bajo el marco de la normativa anterior.
La disposición quedó establecida en la Ley N. 32551, publicada en El Peruano el último viernes 9 de enero, con el fin de ordenar la situación de miles de catedráticos que no cumplen con los requisitos académicos exigidos por la legislación actual.
La norma alcanza a docentes nombrados que iniciaron su labor durante la antigua Ley Universitaria (Ley N. 23733), derogada en 2014. Para este grupo, ya no será obligatorio contar con los grados académicos que exige la legislación actual. Desde ahora, los requisitos de maestría y doctorado solo serán exigibles a quienes ingresen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.
Así también, la ley establece una nueva prórroga para que universidades públicas y privadas se adecuen a los requisitos de la Ley Universitaria N. 30220. El nuevo plazo se extiende hasta el 30 de diciembre de 2026.
La medida ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores la defienden como una forma de proteger la estabilidad laboral de los docentes, otros cuestionan su impacto en los estándares universitarios. Por ahora, la norma ya se encuentra vigente y garantiza la continuidad en las aulas de miles de profesores que no cuentan con estudios de posgrado.
Es importante señalar que la legislación vigente mantiene como regla general que los nuevos docentes universitarios deben contar con grados de maestría o doctorado. Sin embargo, esta excepción busca evitar la salida masiva de catedráticos que ingresaron al sistema bajo la antigua ley.
La aprobación de esta modificación se da en un contexto de constantes debates sobre la calidad de la educación superior en el país. Algunos expertos han cuestionado la falta de exigencia en la formación de los docentes, mientras que otros defienden que la experiencia práctica también es valiosa para la enseñanza.
En todo caso, la nueva ley busca encontrar un equilibrio entre la estabilidad laboral de los profesores y los estándares académicos de las universidades. Será crucial monitorear su implementación y los efectos que pueda tener en la calidad de la educación superior peruana.
