El gobierno del presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte controversia al destinar 10.000 millones de pesos para la defensa legal internacional del mandatario, a pesar de que su abogado, Daniel Kovalik, había prometido asumir el caso de manera gratuita (pro bono).
La polémica se desató luego de que el dirigente político Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, denunciara a través de sus redes sociales lo que considera un "descarado" derroche de recursos públicos. Gómez, quien aspira al Senado en la lista que apoya la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, calificó a Petro y a Kovalik como "rateros descarados" por incumplir la promesa de representación legal sin costo.
El contrato, firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la firma británica Amadeus Consultancy Limited, busca brindar asesoría jurídica especializada para enfrentar las sanciones impuestas a Petro por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton.
Según el documento, la mayor parte de esta labor se llevará a cabo fuera del país, ya que el proceso se adelanta ante autoridades extranjeras y organismos internacionales, debido a la naturaleza del caso que involucra al mandatario.
La controversia se remonta a octubre de 2025, cuando el abogado Kovalik afirmó que asumiría la defensa de Petro "sin costo" para el Gobierno nacional. Sin embargo, la minuta contractual consultada evidencia que el acuerdo estipula pagos en cuatro cuotas iguales, equivalentes a 500.000 libras esterlinas cada una, entre enero y abril de 2026.
El jurista y académico Martín Eduardo Botero insistió en que el proceso legal responde a intereses personales y no institucionales, por lo que, a su juicio, los recursos estatales no deberían emplearse para tal fin. "La defensa internacional de Petro no es un asunto de Estado, sino un proceso personal. El presidente debe responder como persona natural, no con recursos públicos", enfatizó.
La polémica se suma a las crecientes críticas por el manejo de los fondos públicos por parte del gobierno de Petro, en medio de una delicada situación económica y social que enfrenta el país. El gasto de 10.000 millones de pesos en la defensa legal del mandatario ha sido calificado por algunos sectores como un "derroche" y un "abuso" de los recursos de los colombianos.
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