A pocos días de conocer si se logró cumplir con la meta fiscal del 2025, el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo endeudamiento que podría afectar las expectativas del déficit fiscal de este año, el cual según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tenía un "techo" de 1.8% del PBI.
Recientemente, el Poder Ejecutivo dio luz verde a la compra de 24 aviones caza para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por un monto de S/ 7,580 millones, que serán financiados con bonos soberanos emitidos a través del MEF.
Según el exjefe de la Sunat, Luis Alberto Arias Minaya, esta compra representa cerca de un punto porcentual del PBI y no ha sido contemplada en las proyecciones presupuestales del 2025 ni del 2026, lo que implicaría que el déficit fiscal se ubicaría alrededor del 3% este año, "largamente arriba del 2%" y excediendo la regla fiscal para el 2026.
"Es un gasto adicional que, de concretarse, porque ya se autorizó tomar la deuda, el déficit fiscal va a estar largamente arriba del 2% para [este año], probablemente va a estar alrededor de 3%. Es un monto significativo, va a implicar que vamos a exceder el nivel de la regla fiscal para el año 2026", comentó Arias.
Aunque este tipo de adquisiciones suelen financiarse mediante deuda, Arias señaló que el problema radica en que el Perú ha consumido gran parte de sus ahorros fiscales en los últimos cuatro años para enfrentar crisis previas, reduciendo sus defensas en medio de un contexto internacional convulsionado.
Uno de los proyectos que no estaba considerado en las proyecciones de déficit fiscal es la compra de armamentos por parte del Ministerio de Defensa (Mindef), para lo cual aún no se ha especificado el monto.
Otro aspecto que preocupa a los especialistas son los gastos adicionales que pueda demandar la recientemente anunciada reorganización de Petroperú, ya que si bien solo se ha aprobado un aporte de capital de S/ 240 millones para la liquidación de personal, su reordenamiento podría tomar varios meses, en los cuales no se descartaría que puedan darse nuevas transferencias.
Además, resaltaron que preocupan posibles aumentos en el gasto corriente por remuneraciones, una presión que viene tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República. Este año se podría dar un mayor impacto por los incrementos salariales ya establecidos y el aumento de los recursos destinados al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), lo cual resta margen de maniobra al Gobierno nacional.
Por otro lado, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, señaló que el peligro no solo reside en el gasto, sino en una estructura de ingresos que se ha vuelto frágil. A pesar de que en 2025 se esperaba un cumplimiento de la meta fiscal gracias a los altos precios de los metales, el panorama para 2026 es distinto.
"Creo que los precios de los minerales van a mantenerse altos, pero no van a seguir subiendo. Los ingresos no crecerían, sino que serían lo mismo que el año anterior mientras que las presiones de gasto sí van a aumentar", explicó Casas.
Asimismo, Arias precisó que la presión tributaria cerró el año pasado en un nivel muy bajo en apenas un 14.5% del PBI, pese a los altos precios de los metales. Este debilitamiento de los ingresos se vería agravado por un aumento de beneficios tributarios y exoneraciones que entrarán en vigencia o se ampliarán en los próximos dos años.
Finalmente, las elecciones generales aparecen como otro factor de riesgo para las finanzas del Estado, especialmente por las promesas sin financiamiento que suelen aparecer en campaña, lo que podría dificultar cualquier intento de negociación por la estabilidad fiscal debido a la fragmentación política en el Congreso.
