Un demoledor informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una preocupante situación de corrupción generalizada dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la institución encargada de la construcción y mantenimiento de las carreteras y puentes del país.
Según el informe, el 92% de los funcionarios del Conavi afirma conocer "comportamientos inaceptables" dentro de la entidad, mientras que el 60% no se atreve a denunciar por temor a represalias o a que se revele su identidad. Estos altos porcentajes reflejan un clima institucional donde las prácticas indebidas son de conocimiento público, e incluso toleradas.
Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el Conavi manejará un presupuesto de 160.000 millones este año. La Contraloría encontró que la institución carece de mecanismos para prevenir arreglos entre empresas y prácticas anticompetitivas en la contratación de obras, y que no cuenta con procedimientos para prevenir conflictos de interés.
Además, el informe señala que el Conavi no dispone de un canal específico para denunciar actos de corrupción que garantice la confidencialidad del denunciante, a pesar de que existen leyes que establecen salvaguardas claras para quienes se atreven a denunciar.
Este no es el primer escándalo de corrupción que afecta al Conavi. En el pasado, la institución se ha visto envuelta en casos como el de La Trocha (2012) y Cochinilla (2021), que han sacudido a la opinión pública. Sin embargo, parece que las autoridades no han logrado implementar cambios de fondo para erradicar las prácticas indebidas.
Diversos gobiernos han intentado intervenir o reformar el Conavi, pero sin éxito. El expresidente Luis Guillermo Solís llegó a hablar de "cerrar al Conavi y sus hermanitas perversas", mientras que el actual presidente, Rodrigo Chaves, prometió cambios durante su campaña, pero aún no se han concretado.
Es evidente que el Conavi necesita una transformación radical para recuperar la confianza de la ciudadanía. Los futuros gobernantes deberán tomar decisiones firmes para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a la infraestructura vial del país.
