Un estudio realizado por los abogados José Luis Alliende y Alejandro Torres Mussatto, titulado "La expulsión de los viejos. La edad como causal de cese de funciones públicas", ha revelado que el límite de 75 años establecido para el desempeño de cargos públicos en Chile carece de sustento técnico.
Los autores, a través de solicitudes de información pública, constataron que los organismos gubernamentales no cuentan con estudios o datos que respalden las razones esgrimidas históricamente para justificar dicho límite de edad, como problemas de salud, ausentismo laboral o disminución de la productividad en los funcionarios de mayor edad.
"Se pasó de opiniones personales respecto de casos aislados a la construcción de un estereotipo colectivo basado en la sola consideración de la edad, reemplazando la conveniencia concreta del organismo público a que pertenece el funcionario por la aplicación automática de un juicio abstracto", señalan los investigadores.
Esto, advierten, contraviene el mandato constitucional que prohíbe la discriminación laboral no basada en la capacidad o idoneidad personal, y desatiende el contexto de envejecimiento demográfico que enfrenta Chile, donde será cada vez más necesario aprovechar la experiencia y conocimientos de los trabajadores de mayor edad.
"En un contexto de creciente envejecimiento demográfico, seguir desvinculando personas por su edad sin considerar su funcionalidad real es económicamente injustificado, sin perjuicio de las objeciones jurídicas que merece desde el punto de vista de nuestro derecho interno y del derecho internacional", concluyen los autores.
El estudio será presentado oficialmente el próximo 15 de este mes, y plantea un llamado a las autoridades para reconsiderar el límite de edad establecido para los funcionarios públicos, a fin de evitar la exclusión social de este segmento de la población.
