La demora en la entrega de sentencias escritas y la constante postergación de audiencias judiciales en procesos emblemáticos han generado preocupación en el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Godoy expuso casos como el Triple A, el Vocales y el Danubio, que acumulan meses e incluso años sin que se logren instalar las audiencias de juicio.
Godoy señaló que, si bien su administración no ha ejercido presión sobre los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Christian Fierro, integrantes del tribunal del caso Triple A y del caso Euro2024, sí ha realizado controles legales para evitar el retardo injustificado de la justicia. Destacó que en el caso Triple A, los magistrados tardaron ocho meses en fijar la audiencia de juicio, cuando en otras judicaturas se han convocado audiencias de un día para otro.
Uno de los casos más graves de lentitud judicial es el caso Vocales, que cumple 702 días (casi dos años) sin que se haya logrado instalar la audiencia de juicio por presunto tráfico de influencias. Otro proceso marcado por reiteradas dilaciones es el caso Danubio, que acumula 903 días (dos años, cinco meses y 19 días) sin que se instale la audiencia.
Godoy también expresó su preocupación por el uso de la inmunidad electoral como mecanismo para frenar procesos penales. Señaló que los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se inscribieron como candidatos para evitar imputaciones, y que Armando Flor Izaguirre, procesado en el caso Metástasis, se postuló a la Asamblea para impedir que el juicio avanzara.
A pesar de que una de las funciones del Consejo de la Judicatura es ejercer disciplina sobre los actores del sistema judicial, Godoy reconoció que no existe un estándar homogéneo. Mientras que en el caso del juez Christian Fierro, por un presunto retardo injustificado, el pleno del organismo lo suspendió por 90 días en 48 horas, con tres jueces anticorrupción investigados por presuntamente intentar favorecer al narcotraficante Carlos Álvarez, Godoy tardó 147 días en llevar al pleno la discusión sobre su posible suspensión.
La relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha expresado preocupación por las denuncias de posibles presiones a jueces que manejan casos contra el crimen organizado y por las denuncias de "connivencia con sectores del poder judicial". Para la experta, la inacción del Consejo de la Judicatura incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes.
