El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha activado niveles de coordinación con el Órgano Judicial, específicamente con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones subnacionales y "blindar" el principio de preclusión. Además, buscan ampliar este compromiso para las elecciones judiciales complementarias.
Esta coordinación interinstitucional surge como respuesta a los problemas que se presentaron en las elecciones judiciales de diciembre de 2024, cuando se registraron alrededor de 70 acciones judiciales, entre amparos constitucionales y acciones populares, con el objetivo de frenar los comicios y violar el principio de preclusión.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó que estos niveles de coordinación son diferentes a los que se daban en la era de los gobiernos del MAS, aclarando que no se trata de una "sumisión" a un gobierno de turno, sino de una coordinación en el marco del respeto y la institucionalidad. Aseguró que en este nuevo escenario se acabaron las llamadas de ministros, viceministros y otras autoridades para que emitan resoluciones favoreciendo a alguien.
Por su parte, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, adelantó que la reunión de coordinación en Sucre también incluirá al TCP y al Ministerio Público, con el fin de impedir que se repitan las acciones judiciales que buscaron frenar las elecciones judiciales anteriores.
Sin embargo, el exmagistrado del TCP, Marco Antonio Baldivieso, observó que tanto el TSE como el TSJ no tienen la facultad de adelantar criterios en caso de una eventual demanda o recurso que presente algún ciudadano denunciando la vulneración de sus derechos políticos. Calificó de "inútil" las reuniones para garantizar las elecciones y afirmó que lo fundamental es que el TSE garantice y respete ampliamente la participación política.
El diputado Rafael López, de la alianza Libre, consideró positivo el anuncio de coordinación, recordando que la misma "receta" fue aplicada en las elecciones generales de 2025, lo que permitió que se desarrollaran sin interrupciones.
En este contexto, el TSE también estableció límites para la sustitución de candidaturas por inhabilitación en su inscripción, lo que puede ser sujeto de futuros amparos por parte de los políticos que se sientan afectados.
