La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la misión de lograr un orden de paz y justicia a través del fortalecimiento de las democracias, la solidaridad y cooperación entre los pueblos, así como el respeto a los derechos humanos y la justicia social. La Convención Americana de Derechos Humanos (1969), también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, establece las obligaciones de respeto y garantía a los derechos que tienen los Estados parte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue creada por esta Convención para garantizar la observancia de los derechos por parte de los Estados miembros y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Desde sus roles contencioso e interpretativo, la Corte IDH ha asumido importantes interpretaciones favorables a los derechos de las personas, pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, abordando temáticas destinadas a fortalecer la institucionalidad democrática y los derechos en la región.
En Sudamérica, la Corte IDH ha emitido sentencias que establecen la responsabilidad internacional de varios países por la vulneración de derechos humanos, incluyendo casos relacionados con violaciones durante regímenes autoritarios y dictaduras militares, así como por acciones del crimen organizado y las fuerzas de represión estatal.
En el caso de Bolivia, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado en 14 sentencias, relacionadas con desapariciones forzadas durante las dictaduras militares, violaciones de derechos en centros penitenciarios, torturas, y otros casos de violación de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la Corte IDH ha sido criticada por su "gatopardismo", es decir, por no haber asumido medidas eficaces de no repetición y haber tolerado el autoritarismo en la región. Esto ha propiciado una desinstitucionalización de los sistemas democráticos y allanado el camino a una narrativa de legitimación de la invasión militar, lo cual vulnera la Carta Democrática Interamericana.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un potencial para restituir los tejidos de la institucionalidad democrática a través de la reparación integral de daños con vocación transformadora. Sin embargo, aún enfrenta el reto de fortalecer sus mecanismos de no repetición y ser más efectiva en la lucha contra el autoritarismo y la vulneración de derechos humanos en la región.
