El Gobierno nacional anunció hoy una serie de nuevos requisitos que deberán cumplir los funcionarios públicos de alto rango a partir de la próxima semana. Según trascendió, la medida busca mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración pública.
Entre los principales cambios se encuentra la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial ampliada, que deberá incluir no sólo los bienes propios sino también los de cónyuges e hijos. Asimismo, se exigirá la realización de exámenes psicotécnicos y de control de consumo de sustancias para acceder a ciertos cargos.
"Queremos funcionarios que no sólo sean idóneos en lo técnico, sino también íntegros desde el punto de vista ético y personal", afirmó el ministro del Interior en conferencia de prensa. "Estos nuevos requisitos nos permitirán contar con un equipo de gobierno más confiable y comprometido con los intereses de la ciudadanía".
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras que la oposición la ha calificado como "una cortina de humo" para desviar la atención de otros temas, el oficialismo la defiende como un paso necesario para "sanear" la administración pública.
"Es una buena señal que el Gobierno esté tomando medidas para mejorar la transparencia", opinó un analista político consultado. "Pero habrá que ver cómo se implementan estos requisitos en la práctica y si realmente logran el efecto deseado".
Por su parte, algunos gremios de empleados públicos han expresado preocupación por el impacto que podrían tener estos cambios en la estabilidad laboral. "Entendemos la necesidad de contar con funcionarios íntegros, pero los exámenes y declaraciones juradas no deberían convertirse en una excusa para despidos arbitrarios", señaló el secretario general de un sindicato.
El Gobierno ha asegurado que los nuevos requisitos se aplicarán de manera gradual y que se respetarán los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la oposición ha anunciado que vigilará de cerca la implementación de esta medida para evitar abusos.
