El gobierno venezolano ha emprendido una campaña sistemática de acoso y destrucción de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a través de diversas instituciones estatales. Uno de los episodios más lamentables de esta guerra contra la iniciativa ciudadana es la reciente medida impuesta por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), que elimina los beneficios y exoneraciones especiales para el registro y constitución de PYMES.
Según el decreto del SAREN, ya no es posible constituir una empresa seleccionando la modalidad de PYME en su portal web. Todas las nuevas empresas deben registrarse como sociedades mercantiles comunes, usualmente bajo la figura de Compañía Anónima (C.A.), sin distinción por tamaño. Esto implica que los trámites que antes estaban exonerados para las PYME, como la reserva de nombre, el registro de la empresa y el sellado de libros, ahora deben ser pagados, al igual que cualquier otra compañía anónima.
Esta medida se enmarca en una larga lista de acciones coercitivas emprendidas por diversas instituciones del Estado socialista venezolano contra las iniciativas empresariales de los ciudadanos. Los Registros Públicos, el SENIAT, las alcaldías y otros organismos sectoriales han aplicado multas desproporcionadas, cierres de empresas y todo tipo de vejaciones a pequeños emprendedores, como talleres mecánicos, panaderías, centros de capacitación y hasta empresas agrícolas.
Expertos señalan que esta estrategia de asfixia a las PYMES puede responder a dos hipótesis: por un lado, el fracaso económico de la economía estatizada y, por otro, el intento de destruir toda iniciativa ciudadana que no esté bajo el control del poder central. En cualquier caso, la consecuencia es la misma: la devastación de la actividad económica y el emprendimiento privado en Venezuela.
Ante este panorama, urge emprender un proceso de revisión de la base jurídica que ha servido de sustento a estas medidas, así como una reeducación del funcionariado público, que ha actuado con una obediencia ciega a las directrices de destrucción de la libertad empresarial. Solo así podrá reconstruirse una sociedad civil con libertad, estado de derecho y bienestar.
