El sistema de pensiones ecuatoriano enfrenta una crisis estructural que exige una reforma de fondo, según expertos. Para 2026, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta un descalce entre ingresos y egresos que lo obligará a usar reservas para cubrir pensiones y salud.
El problema no es coyuntural, sino el resultado de un diseño insostenible. Actualmente, el sistema se rige por el principio de solidaridad, mediante un régimen de reparto donde los aportes de trabajadores activos financian las pensiones actuales, sin cuentas individuales ni ahorro previsional propio.
Sin embargo, la experiencia comparada muestra que un sistema de capitalización en libre competencia, con el IESS como una opción más, protege mejor a los afiliados y hace viable la solidaridad. Países como Irlanda han incorporado este modelo, que se financia con aportes de trabajador, empleador y Estado, depositados en cuentas individuales.
Expertos señalan que, si el marco constitucional vigente impide introducir competencia, propiedad del ahorro y responsabilidad en la gestión previsional, el debate honesto sería reformar la Constitución. Esto permitiría transitar hacia un sistema más sostenible y que brinde mayor protección a los afiliados.
La discusión no es meramente administrativa, sino de fondo. Obligar a más personas a afiliarse al mismo sistema, sin cambiar su estructura, no corrige el problema, sino que solo amplía recursos bajo un monopolio sin incentivos reales para la eficiencia.
Por lo tanto, los expertos recomiendan que Ecuador considere adoptar un sistema de capitalización en libre competencia, con el IESS como una opción más, para proteger mejor a los afiliados y hacer viable la solidaridad en el largo plazo.
