La última gestión gubernamental en Panamá ha apostado por la austeridad, presentada como consolidación fiscal y baja ejecución presupuestaria, con el objetivo de recuperar el grado de inversión perdido. Sin embargo, un experto advierte que esta política está ahuyentando a los inversores extranjeros, quienes ven con preocupación la creciente corrupción, las prácticas autoritarias y el riesgo de expropiaciones.
Según el análisis, el capital extranjero no se retrae únicamente por el tamaño de la deuda, sino por la percepción de corrupción, el avance de prácticas autoritarias y el riesgo de intervenciones estatales arbitrarias. Ejemplos de ello serían la intervención de fincas en Isla Margarita, la unificación del Seguro Social al Ministerio de Salud y la demanda contra el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.
Los inversionistas también evalúan con preocupación la politización y vulneración de la normativa que rige la actuación del servicio encargado de proteger las fronteras, particularmente en la contención y control de manifestantes. Asimismo, analizan con inquietud las rebajas de pena y los indultos desde la Presidencia, que transmiten el mensaje de que los delitos serán tolerados.
El autor señala que el "llamado milagro macroeconómico, la consolidación fiscal o la promesa de un futuro 'chen chen' en los bolsillos" chocan con la realidad cotidiana si no se enfrenta la corrupción sistémica y la falta de transparencia. Estos factores suelen ahuyentar a los inversores con más fuerza que el nivel de endeudamiento, porque elevan la incertidumbre jurídica y vuelven impredecibles las reglas del juego.
En este sentido, el experto advierte que la obsesión por el equilibrio presupuestario puede terminar agravando los desequilibrios reales, tal como ocurrió en la experiencia europea posterior a la crisis de 2008. La austeridad aplicada a los sectores medios y bajos, combinada con indulgencia hacia los afines al poder, no es una política económica viable, sino una receta para profundizar la desigualdad.
Para recuperar la confianza de los inversores, el autor considera necesario implementar reformas anticorrupción profundas, fortalecer la independencia de la Fiscalía y proteger efectivamente a los denunciantes. Asimismo, destaca que la consolidación fiscal no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para amortiguar crisis y expandir oportunidades. De lo contrario, el desapalancamiento forzado puede transformarse en un círculo vicioso de estancamiento, desigualdad y fuga de talento.
